La inmolación del exminero marcó un hito en la historia
20 años de Picachuri: ¿Qué cambios tuvo la jubilación?
“Sólo quiero que me devuelvan mis 15 años de aportes”, repetía el ex minero Eustaquio Picachuri la tarde del 30 de marzo de 2004. Una carga de dinamita se asomaba atada a su cintura y otra desde un bolso al que se aferraba con desesperación. Por meses, pedía una jubilación que la reforma de pensiones sentenció como imposible.
Dos décadas después, la jubilación de los bolivianos se ve marcada por rentas bajas, baja cobertura y pedidos de modificar la actual Ley 065 del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
“Hay un desequilibrio que deteriora las condiciones de los jubilados. En vez de avanzar, hay un retroceso. La mayoría de los bolivianos no logra jubilarse. Se aporta cada mes, pero la renta es tan baja que se deja de apuntar a jubilarse”, dice el investigador Federico Zelada, miembro de Flora Tristán, organización para la Seguridad Social.
Un hito en la historia
A las 15.00 de aquella tarde, Picachuri gritaba: “¡Me tocan, me mueven… mueren!”. Sin experiencia en explosivos o negociaciones, el teniente coronel Marbel Flores y el cabo René Amurrio intentaban disuadirlo.
“Ya pasaron 20 años...”, rememora el secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del SIP (Conaljusip), Rodolfo Ayala, en contacto con Visión 360.
Dice que para entender el caso Picachuri y los cambios en la Seguridad Social a Largo Plazo se debe ir a la privatización de las jubilaciones: “El origen de la generación Sándwich”.
En 1996, en Bolivia regía el sistema de reparto público solidario. El pago de la pensión dependía de un solo fondo común. Empero, la Ley 1732 de Pensiones sustituyó este sistema por uno privado, basado en la individualización de las cuentas de ahorro de cada trabajador.
“Antes de la Ley 1732, había una capitalización colectiva intergeneracional, los trabajadores nuevos aportaban para las pensiones de los antiguos. Eso duró 40 años. Con la capitalización, cada uno ahorra -mes a mes- para su propia jubilación”, explica Zelada.
La reforma subió la edad mínima de la jubilación de 55 a 65 años y determinó que los aportes pasen a ser administrados por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Miles de trabajadores que, al no cumplir la edad mínima de 55 años y los 15 años de aportes hasta el 30 de abril de 1997, no pudieron jubilarse en el anterior sistema ni conseguir un contrato con alguna AFP.
“El sistema de reparto desapareció en medio de un gran rechazo. Muchos afectados por el 21060 no podían conseguir trabajo y ya habían aportado muchos años. Miles quedaron atrapados en medio. Así nació la generación Sándwich con mineros, fabriles y constructores... Fui vicepresidente del segundo directorio”, relata Ayala.
Picachuri era uno de esos miles. Llevaba años en busca de un trabajo que nunca llegaba. Tenía 47 años y 23 de ellos los vivió dentro de la mina. Sin embargo, en su historial apenas se contaban los aportes de su trabajo de 14 años y 11 meses en Catavi.
Los problemas generados por la “1732” eran notorios, marchas y mítines se levantaban en varios puntos del país. Desde Cochabamba, 2004 comenzaba con un piquete de huelga de hambre con 500 extrabajadores.
“Ese 30 de marzo (2004) el problema era grande, a unos 20 representantes nos llamaron a reunirnos con los diputados, pero suspendieron la reunión y nos sacaron. Picahuri ya había entrado”, recuerda Ayala.
Cansado de recorrer las oficinas de las AFP, Picachuri estaba dispuesto a morir. Llevaba tres horas en el ingreso del edificio anexo del Palacio Legislativo en La Paz, escuchando que su pedido era imposible. Ayala, que estaba cerca de la catedral, sintió el suelo temblar detrás de él. Al voltear hacia el Legislativo vio una lluvia de vidrios y una enorme nube gris con pequeños tintes rojos. Picachuri se había inmolado.
Las deudas de la “1732”
La reforma tenía como objetivos principales ampliar la cobertura a dependientes e independientes, mayor cobertura para adultos mayores y lograr un autofinanciamiento.
El análisis Promesas incumplidas de la capitalización individual (2022), de Carmelo Mesa-Lago y Alberto Bonadona, explica que, al contrario, la cobertura de la Población Económica Activa (PEA) cayó entre el inicio de la reforma y 2004. La cobertura apenas llegaba al 19,6%.
“En Bolivia es muy difícil ampliar la cobertura por el alto número de trabajadores en el sector informal y la incapacidad de la economía de incorporarlos en actividades formales”, señala.
En la cobertura de adultos mayores, explica que el desempeño fue mucho mejor, pero no gracias al sistema privado. Atribuye la mejora a la extensión de las pensiones no contributivas a cargo del Estado.
Zelada sostiene que en cuanto al nivel de las jubilaciones, estas bajaron. “Tenemos gente que se está jubilando, pero con un 22, 25, 30 o 35 por ciento de lo que ganaban. En el sistema de reparto recibían el 70% de su sueldo base”, afirma.
Añade que la capitalización no se dio, porque las tasas de interés que pagan para las pensiones son muy bajas. “En lugar de ahorrar, los trabajadores desahorraron”.
Sin participación obrera
La publicación Jubilación a la deriva (Cedla,2014) señala que, anualmente, el 30% de los jubilados que ya no podían cotizar al sistema -por perder su empleo o reducir sus ingresos- optó por una pensión mínima. Es decir, que accedió a costo de reducir su renta a un monto muy por debajo del necesario para vivir.
“Muchos trabajadores que aportaron por décadas no solicitaron su jubilación pese a tener más de 60 años, debido a que las AFP les calificaron rentas bajas, incluso inferiores al 50% de sus salarios de referencia, tanto por la eliminación del aporte tripartito, como por el bajo rendimiento de los fondos en sus cuentas individuales”, explica.
Ante el fracaso de la reforma y la exigencia de varios sectores de derogar la 1732, en 2008, el Gobierno analizó la modificación de la norma. Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) elaboraron y presentaron al Gobierno una propuesta alternativa que no tuvo socialización ni apoyo.
Su propuesta apostaba por la reposición del sistema solidario e inter-generacional. Esta fue rechazada y en 2010 el Gobierno aprobó la Ley 065 SIP.
“Lo que el Gobierno del MAS hizo con esta Ley 065 es querer volver al antiguo sistema, pero de manera parcial, marginal. Estableció un fondo solidario y un régimen semicontributivo. En lugar de revertir el proceso capitalizador mantuvo las cuentas individuales; no tocó el dinero e incrementó los aportes de los trabajadores en un 0,5%”, observa Zelada.
Se extrajo del fondo de riesgo (para trabajadores accidentados o fallecidos) el 20% para utilizarlo en el Fondo Solidario. Además se añadió un aporte extra para quienes ganan más de 13 mil, 25 mil y 35 mil bolivianos y un aporte patronal del 3% sobre la planilla de sus dependientes.
Aunque al igual que su predecesora, la Ley 065 tiene como meta el incremento de la cobertura en la PEA los resultados no parecen ser óptimos.
“Del SIP, el 89% son dependientes obligados a aportar y sólo el 11% son independientes, cuando en el país ocurre lo contrario: el 25% son dependientes y el 75 independientes”, sostiene Zelada.
La publicación del Cedla manifiesta que la concurrencia de los independientes puede llevar a engaños porque, en este grupo, hay trabajadores dependientes con contratos civiles que encubren la relación laboral.
“Legalmente están obligados a aportar al SIP, aunque no gocen de los otros beneficios que reciben los asalariados con contratos laborales”, señala.
En tanto, Ayala observa que la norma no da paso a los trabajadores activos ni jubilados para ser parte del directorio de la Gestora Pública. Reprocha que la estructura sea sólo gubernamental.“Para disimular nos pone como control social (para que) el manejo esté sólo en manos del Estado. El Gobierno hizo esa ley a su criterio y la aprobó en el Palacio de Comunicaciones con 60 delegados que no leyeron ni observaron lo que estaba mal en la norma”, cuestiona Ayala.
Conaljusip solicitó la modificación de varios artículos y afirma que hay cosas que se deben cambiar, como la edad de cálculo de mortalidad, la masa hereditaria, la cuota sindical, la renta dignidad, los gastos funerarios y otros.
Más allá de Picachuri
Picachuri no sólo pedía su jubilación, sino la de su esposa y otra para los hijos de su hermano, muerto en la mina años atrás. No era un caso aislado como afirmó el Gobierno tras el siniestro que, además, cobró la vida del teniente coronel Marbel Flores y del cabo René Amurrio.
Así como el caso de Picachuri no era un tema personal, Ayala y Zelada sostienen que el problema de las jubilaciones no se limita a los trabajadores retirados o a punto de hacerlo. Advierten que, buscar mejores condiciones, es un problema que debe ser tomado en cuenta por los trabajadores activos y que empiezan su vida laboral.