Villa Tunari, epicentro de la cristalización de clorhidrato de cocaína

Entre enero de 2021 y marzo de 2024, Villa Tunari, en Cochabamba, se convirtió en el epicentro de los laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, según un mapa de calor presentado por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. En dicha región, el pasado 15 de mayo se intervinieron cinco laboratorios, con estos ya son 24 los predios destruidos en lo que va del año, lo que equivale al 67% de los erradicados en todo el país.

“En Villa Tunari, en inmediaciones del río Ichoa, miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyeron cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, cada una tenía la capacidad de albergar entre 25 y 30 personas y podían producir entre 80 y 100 kilos de droga”, señaló desde el lugar el el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

Previo al operativo, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, señaló que entre 2021 y 2023 se destruyeron 92 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína.

“El mapa de calor nos refleja claramente los lugares donde se están emplazando la mayor cantidad de fábricas y donde se realizó la mayor cantidad de destrucciones (...) En el caso de los laboratorios de cristalización de cocaína, la mayor cantidad está en el límite de Cochabamba con Beni, específicamente en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba”, manifestó Mamani.  

De acuerdo con su informe, además de estos laboratorios, entre 2021 y 2023, se destruyeron 111 laboratorios de reciclaje y 2.184 fábricas de droga.

A diferencia de las fábricas de pasta base, los laboratorios de cristalización se encargan de -mediante la reacción de la cocaína base con ácido clorhídrico- formar el cristal del clorhidrato de cocaína. En este proceso lo que se requiere es un solvente que disuelva la cocaína base.

En 2022, Del Castillo afirmó  que la producción de pasta base en el país no era rentable, debido a los bajísimos niveles de precios de la coca peruana y colombiana. Sostuvo, que por ello, la cristalización en laboratorios hallados en Cochabamba, Beni y Santa Cruz utilizaba pasta peruana.

Laboratorios aumentaron su capacidad 

La investigación del Cedla, “Economía del narcotráfico”, presentada en días pasados, indica que entre 2006 y 2014 los laboratorios de cristalización destruidos constituían, como promedio anual, el 0,5% de la infraestructura intervenida. Sin embargo, para el período 2015-2022 este subió a el 3,1%, de acuerdo a datos de la Felcn.

“En el mismo sentido, el informe más reciente del estadounidense INCSR señala que el número de laboratorios que refinan pasta base peruana y boliviana en el país ha aumentado ‘significativamente en los últimos diez años’. Esto coincidiría con el incremento de la importación ilegal de precursores, tanto en calidad como en cantidad, desde países vecinos”. indica el documento.

Asimismo, señala que junto con el incremento del número de laboratorios de cristalización, se produjo una mejora en la productividad de los laboratorios, traducida en una capacidad cada vez mayor de producción de clorhidrato. Diversas notas de prensa referidas a operativos de la Felcn revelan que los megalaboratorios destruidos podrían tener una producción diaria de entre 100 y 250 kg.

El Chapare y la coca excedentaria 

El documento del Cedla, señala que a lo largo de 19 años, la superficie cultivada y reportada por los informes de la UNODC suman 497.788 hectáreas. De ese total el 44% corresponde a cultivos excedentarios, más de la mitad están en el Chapare.

“Del total de la superficie cultivada a nivel nacional, la superficie excedentaria en el período 2003-2016 se concentró en un 60% en el Chapare y en un 40% en los Yungas. Esta relación da un vuelco entre 2017 y 2021; la superficie cultivada excedentaria se concentró en un 71% en los Yungas y solo en un 29% en el Chapare. No obstante, en los últimos años, la superficie excedentaria de Cochabamba volvió a crecer, reduciendo la brecha señalada”, explica el documento.

En 2017, con la aprobación de la Ley general de la Coca, el Gobierno central determinó ampliar las áreas permitidas para el cultivo de coca. La medida se basó en el justificativo de que la superficie aprobada por la Ley 1008 era insuficiente para satisfacer la producción de hoja de coca destinada a usos tradicionales, principalmente el masticado. 

Entre 2008 y 2010, la Unión Europea (UE) financió un estudio sobre el consumo tradicional de la hoja de coca en Bolivia. Sin embargo, este no fue publicado hasta 2013, dos años después que el Gobierno presentó su estrategia antinarcóticos 2011-2015.

Según los resultados del mencionado estudio de la UE, publicado por el CONALTID, se necesitaría 14.705 ha de cultivo de coca para satisfacer el consumo tradicional en el país. El mismo señala, además, que en 2012 la población consumidora habitual de hojas de coca alcanzaba a 3.082.464 personas. 

“Los consumidores, según lugar de residencia, eran: 67% urbanos y 33% rurales. Los usos principales eran: 36,5% para pijcheo (masticado) y 31,2% para uso medicinal (CONALTID, 2013). El volumen consumido en diversos usos sumaba 20.690,35 toneladas, de las cuales el 92,5% se consumía en los hogares, el 7,15% se comercializaban en puestos fronterizos y el restante 0,35% lo consumía establecimientos económicos”, detalla el documento del Cedla.