Acción popular
Incendios forestales: Justicia concede tres medidas cautelares a la Defensoría del Pueblo
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió este martes tres medidas cautelares a la Defensoría del Pueblo, con relación a los incendios forestales.
Una se refiere al resguardo de los animales afectados por el fuego, otra, a los pueblos indígenas desplazados y una tercera a la afectación que sufrió el pueblo Ayoreo, según establece un boletín institucional.
El profesional de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Adrián Zárate, explicó que dichas medidas cautelares obligan al Estado a garantizar la salud y alimentación para los pueblos indígenas que tuvieron que abandonar sus comunidades y están desplazados, debido a los incendios.
Otra medida cautelar tiene que ver con los animales rescatados y establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el de Salud y las gobernaciones accionadas de Santa Cruz, Beni y Pando deben prestar salud y alimentación.
La última medida cautelar se refiere al pueblo indígena Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce con certeza el grado de afectación que sufrieron por los incendios.
La Sala Constitucional Segunda dispuso que la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (DIGEPIO), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y las gobernaciones accionadas debe tomar contacto con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) para que evalúen la situación del pueblo Ayoreo y asuman medidas para que la integralidad de los indígenas ayoreos no sea vulnerada.
Asimismo, reprogramó, para el martes 1 de octubre a las 8.30, la continuación de la audiencia donde se dirimirá el tema de fondo de la Acción Popular por los incendios forestales.
La reprogramación obedece a que seis municipios accionados no fueron notificados oportunamente: San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco; Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas solicitó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Viceministerio de Defensa Civil sean considerados como terceros interesados.