Huascar Pacheco: “La importancia del diálogo en los conflictos sociales se ha perdido”

Huascar Pacheco, especialista en investigación de la conflictividad social de la Fundación Unir, sostiene que en los últimos años, por la complejidad política que se vivió en Bolivia, el entendimiento de la importancia del diálogo en los conflictos se “ha perdido”.

En entrevista con Visión 360, el especialista, además del  rol del diálogo en los conflictos, habla de los “actores terceros”,  de los campos de conflicto en Bolivia, y de los niveles del Estado que más son interpelados con demandas sociales, entre otros detalles.

¿La cantidad de conflictos se  incrementó en el último tiempo o sigue estando en el promedio?

En general, tanto con los datos que presentamos en el documento de enero a julio, y agregando la sumatoria de agosto, el promedio es muy similar a lo que han sido los últimos años. En general, un promedio de conflictos mensuales es alrededor de 100.

Esa tendencia es algo que se presenta hace muchos años, y por eso nosotros, que ahora estamos entendiendo que el contexto es complejo, que hay nuevos desafíos en el contexto político, social, económico, estamos viendo un poco ya no tanto el número, que es importante para ver la frecuencia y las tendencias, sino también las cualidades mismas de la conflictividad.

¿En qué áreas diría que se están concentrando los conflictos últimamente?

Dentro del monitoreo que hacemos en la fundación, tenemos alrededor de 12 tipologías de conflicto, que van desde conflictos relacionados con la interpelación a la gestión pública, temas económicos, laborales, temas ambientales, temas legales, temas de derechos humanos, temas de vivienda y demás; y si bien, en general cada uno de estos campos tiene un porcentaje, y según la coyuntura unos son mayores o menores, lo que hemos identificado, que son los más importantes en este momento actual, son cuatro grandes campos de conflicto.

El primero, que cuantitativamente es más grande, es el tema de la gestión institucional. Es decir, todas aquellas interpelaciones a los diferentes niveles del Estado, en cuanto a sus capacidades de gestión pública, para atender las demandas de la población, ya sea en temas de prestación de servicios públicos, en temas de infraestructura carretera, en temas de la misma gestión de los gobiernos subnacionales, estos son muy recurrentes y dentro de este campo también se suma un poco la demanda de diferentes actores a los actores públicos para la ejecución de obras.

Eso ha tenido un matiz bien particular, porque se ha ido incrementando en los últimos tiempos, entendiendo que el Estado ya no tiene la misma cantidad de recursos que antes, y por lo tanto este tipo de demandas, que, si bien son económicas de alguna manera, también hacen a la gestión institucional, se han incrementado.

El segundo, que es cuantitativamente un poquito menor, pero que para nosotros actualmente es al que hay que tomarle mucha atención, es el campo económico, que en los últimos meses ha adquirido ciertas cualidades en cuanto a sus tendencias, que nos dicen que tenemos que tener una alerta mayor o por lo menos una observación más profunda a este campo, porque puede plantear desafíos más complejos en el futuro.

El tercero ya es el que hemos estado viviendo últimamente de forma casi muy recurrente, aunque cuantitativamente tampoco  es uno de los campos más grandes, es el campo político.

Las características que tiene este campo es que por un lado tiende tendencialmente a generar altos niveles de violencia en relación a otros campos de conflicto; y, por otro lado, muestra de manera más viva la situación actual que se está viviendo en el país, por todos los motivos que ya conocemos y que son factores políticos finalmente.

Y el último campo grande, sin negar todos estos otros temas de conflicto que son importantes, es el tema ambiental, sobre el cual hace poco hemos presentado una investigación (La casa despojada: Conflictividad ambiental en Bolivia), en la que decimos que es un campo que tendencialmente está comenzando a crecer, el tema de la conflictividad ambiental en los últimos tiempos, y que si bien cuantitativamente no es muy alto, en general es un campo muy importante, porque estos conflictos ambientales están hablando de la afectación a los modos de vida de las personas.

De los tres niveles del Estado, ¿cuál es el más interpelado y por qué?

Entre 2010, más o menos, cuando observamos ya más a profundidad la conflictividad desde la fundación hasta 2018, más o menos, el Gobierno fue el principal interpelado. Todos los meses, todos esos años, el Gobierno fue el que concentró la mayor cantidad de demandas. Hay dos factores: uno, siempre es de alguna manera el llamado a satisfacer demandas básicas de las personas; y dos, es un fenómeno bien particular, que ahora se está repitiendo, que muchos actores que se movilizan, que llegan a la calle a plantear su demanda, entienden que es necesario plantearla a niveles más altos del llamado formalmente a atenderlos.

A partir de 2017, 2018, hasta la pandemia, la tendencia cambia y eso nos llamó la atención, porque a partir de esos años pasan a ser los gobiernos subnacionales los más demandados por diferentes temas, suponemos que a partir de la profundización del proceso autonómico. Pero desde 2020, y eso a partir de la pandemia -que es de alguna manera un quiebre en la conflictividad porque implica un cambio de muchos sentidos-, la tendencia se vuelve a revertir y desde 2020 a la actualidad vuelve a ser el nivel central el actor más demandado.

En el caso del campo económico, ¿cuál diría que es el principal detonante?

En estos últimos meses, hemos determinado dos grandes campos de causas por el tema económico. El primer período del año, entre enero y mayo, hemos determinado que las causas son bastante conocidas en función a temporalidades anteriores.

Es decir, demandas sectoriales muy específicas, relacionadas a temas laborales o a temas de ciertas mejoras de condiciones económicas, pero una sumatoria de conflictos mucho más dispersa. Son diferentes actores locales que recurrentemente se han estado movilizando sin alcanzar niveles de violencia muy altos ni niveles de afectación a partir de sus medidas de presión, y que se han movilizado por demandas de alguna manera recurrentes de períodos anteriores.

Lo que a nosotros nos llama la atención es que a partir de mayo, junio, julio y agosto también -aunque con bemoles, porque ahí entra otro campo de conflictos, más político- hemos detectado en los patrones que la conflictividad económica cambia un poco de detonantes.

Estas demandas, que son mucho más sectoriales, pasan de alguna manera a convertirse en demandas más macroeconómicas. La frecuencia de la demanda en función del rechazo al incremento de los precios de la canasta básica, la demanda de normalización de abastecimiento de combustibles, la demanda de medidas para mitigar la falta de divisa extranjera y todo lo relacionado a estas demandas macro se comienza a volver más recurrente.

Y aquí otro tema que nos llama la atención y creo que es importante es que ciertos actores comienzan a converger a partir de estas demandas específicas más macro.  Por ejemplo, gremiales, transportistas, como el conflicto grande que hemos visto a principios de agosto, y otros actores, como las fedemypes, conamypes y otros actores productivos y demás, se comienzan a aglutinar a partir de demandas más macro. Estos actores, que usualmente no se movilizan en conjunto, comienzan a tejer ciertas redes de alianza, todavía precarias, que permiten, por ejemplo, que tengan ciertos episodios de conflicto en el que se han movilizado de manera conjunta.

Un caso es el que ocurrió entre julio y agosto, con movilizaciones colectivas entre transporte, gremiales, fedemype y demás, que se ha dado además en varios departamentos de manera simultánea. Entonces, se están comenzando a tejer esas redes de alianza que pueden plantear escenarios de movilización un poco más complejos que cuando se movilizan de manera mucho más sectorial.

¿Hay un repunte en el campo de conflicto político? Si es así, ¿por qué factor se explicaría aquello?

En general, el campo de la conflictividad política es un poco como el campo de conflicto del medioambiente; cuantitativamente no es muy amplio (7,26%), en comparación con lo administrativo, que es casi el 40% de las demandas, pero sí, de alguna manera, hay un repunte, no tanto en la cantidad, pero sí en la cualidad de los conflictos; no tan claro como el campo económico, que como decía tiene estas tendencias que hay que tomar atención para escenarios futuros, sino que han asumido una visibilidad muy fuerte, incluso más que los otros campos de conflicto.

 Hoy, 27 de septiembre (NdR: día en que se realizó la entrevista), estamos sintiendo una alta efervescencia del campo político de la conflictividad política, por todos los eventos que hemos vivido últimamente, desde la marcha que comenzó hace un par de semanas, pero que ha terminado, hasta los anuncios de bloqueos que se han suspendido el jueves.

 Ahora bien, cuando ves la sensación de alta efervescencia, la conflictividad política y ves la movilización en la calle, no hay necesariamente un acompañamiento. Y eso se entiende un poco por la temática, normalmente este campo de conflicto, por el tipo de posiciones que plantean los actores y demás. Siempre va a un poco a aumentar esta temperatura social de mayor complejidad, que no le estoy negando en absoluto, pero cuando ves los datos de conflicto, los procesos de movilización, los niveles de violencia de este campo político, si bien tendencialmente es complejo porque genera violencia, por ejemplo enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil y demás, actualmente, no hay un acompañamiento directo; es decir, en la calle, no se está logrando ver tanta efervescencia de este campo de conflicto en función de lo que está percibiendo la gente, y eso tiene sentido porque es por este campo de conflicto.

O sea, sí hay un repunte, no tanto en la cualidad del conflicto porque si bien hemos tenido movilizaciones bastante recurrentes, con varios episodios de enfrentamiento, en los que incluso se ha atacado a trabajadores de la prensa, que eso es bastante reprochable, si bien ha habido estos episodios bastante complejos, en general, no han logrado desplegar un escenario como el que en algún momento se esperó que se podía generar, que se esperaba que sea mucho más complejo de lo que ha llegado a ser; pero que eso, al final de cuentas, no niega la latencia que tiene este campo para que, bajo ciertas condiciones, con un escenario que sigue siendo complejo a pesar de que por ahora se ha vuelto un poco más latente este campo, pueda generarse en el futuro.

Por todo lo vivido en los conflictos en general, ¿cree que los actores comprenden el rol del diálogo en un conflicto?

Yo creo que, en los en los últimos años, lamentablemente, por una situación de mucha polaridad, complejidad política que hemos vivido en Bolivia,  el entendimiento de la importancia del diálogo, como un camino para el fortalecimiento de la paz y también para lograr que los conflictos puedan ser atendidos adecuadamente, y por lo menos mitigar los efectos de la violencia que pueden tener, se ha perdido de alguna manera.

Hemos tenido un proceso en el que, por ejemplo, actores terceros estuvieron  fuera de los conflictos. Los actores terceros son los que pueden intervenir para coadyuvar, acercar a las partes; han perdido un poco ese rol en los últimos años, a pesar de que ahora, eso hay que reconocer, también con muchos bemoles,  la Defensoría está de alguna manera, por lo menos en estos días, ha vuelto a aparecer un poco en este rol del tercero que está muy bien porque, además es su rol constitucional, justamente ayudar a que los conflictos no desencadenen escenarios muy complejos, y a acercar a las partes.

Todavía no hay, creo yo, las condiciones necesarias para que muchos más actores entiendan la necesidad de estos métodos alternativos, de estos medios necesarios, para evitar situaciones de muy alta tensión y violencia.

Y eso creo que es responde directamente a la situación, al contexto político, complejo polarizado en el que vivimos actualmente, donde los actores muchas veces parten de demandas muy principistas; su posición y sus intereses tienen otras necesidades, tienen muy poco margen a la negociación, esta lógica del ganar-ganar, por ejemplo, yo sé que es un poco un escenario ideal, se ha perdido mucho.  La mayoría de los actores entran en estas dinámicas de conflicto en “el ganar perder”, “si yo gano, él pierde”; o “si él pierde, yo gano”.

Entonces, creo que todavía es un proceso largo para lograr que nuevamente dentro del imaginario colectivo de la cultura política boliviana, incluso de la movilización, se vuelva a instaurar que el diálogo como una herramienta necesaria adecuada indispensable para llegar a mejores espacios.

Una última consideración es que también, lamentablemente, en general en los actores llamados a atender estos conflictos hay muy pocas capacidades, no necesariamente de diálogo, pero de la gestión misma del conflicto.

¿En qué tipo de conflictos el Estado debe poner la mirada para evitar que escalen?

El Estado tiene que mirar a todos los campos de conflicto, pero sí, nosotros desde la Fundación Unir Bolivia creemos que los campos económico y político, actualmente, son los que están cumpliendo ciertas cualidades para representar un reto mayor en el futuro.

PERFIL

Cargo: Huascar Pacheco es especialista en investigación de la conflictividad social de la Fundación Unir.

Reporte: Es coautor del Documento de análisis de la conflictividad social en Bolivia de esa institución.

Investigación: Es uno de los investigadores del estudio reciente “La casa despojada: Conflictividad ambiental en Bolivia”.