Guerra del MAS llega a tribunales con 6 casos contra Evo y uno contra Arce

La guerra interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), la principal fuerza política del país, pasó al ámbito judicial con ocho denuncias en contra del ex presidente Evo Morales y una en contra del mandatario Luis Arce. Aunque no todas las denuncias se traducen en casos abiertos en la justicia ordinaria,  porque algunas aún permanecen en el escenario de la simple denuncia pública, efectuada a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con Cecilia Urquieta, abogada que forma parte del equipo legal que defiende a Morales, de las ocho denuncias que pesan contra el expresidente, seis fueron presentadas formalmente, mientras que dos aún están en el ámbito de la denuncia pública.

Los casos que radican en la justicia ordinaria son el interpuesto por Melania Torrico por los delitos de instigación pública a delinquir, desórdenes y perturbaciones que supuestamente Morales habría cometido con la promoción de la denominada Marcha para salvar Bolivia, del 17 al 23 de septiembre; la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) planteó otra demanda en su contra por los destrozos supuestamente efectuados en la vía que une Oruro con La Paz, trayecto que recorrió la movilización.

Se cuenta también el caso por trata de personas y estupro que radica en Tarija, denuncia que en 2020 fue rechazada por falta de pruebas. En la lista está la activación de la prohibición de realizar bloqueos de febrero de 2024. Sigue una demanda interpuesta por el actual ministro de Justicia, César Siles, cuando era procurador del Estado, por los delitos de difamación, calumnias e injurias; otra más por corrupción, en la que se suman los casos ampliamente conocidos, tales como Camce, Fondioc, Barcazas Chinas, Catler Uniservice y Constructora del Ejército.

Los dos casos que aún no fueron formalizados hacen referencia a denuncias por presunta violación con cinco supuestas víctimas.

Entre tanto, el único caso en contra del jefe de Estado Luis Arce, que sí se encuentra en los tribunales, es el que interpuso el diputado Héctor Arce, del ala “evista” del MAS, el pasado 11 de octubre.

“El día de hoy estamos formalizando la denuncia por graves delitos con afectación al Estado contra el señor Luis Arce Catacora por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado”, dijo entonces el legislador.

La demanda se desprende de la denuncia que hizo Yessica Villarroel, quien refirió que tuvo un romance con el Presidente y este le habría ofrecido el cargo de viceministra de Deportes.

“No es una denuncia, es una proposición acusatoria con muchos errores procesales”. Así calificó el ministro de Justicia, César Siles, a la demanda que presentó el diputado evista contra el presidente Luis Arce. La autoridad indicó que el Gobierno esperará a que la justicia deseche la acusación para ver qué medidas legales asumirán contra la supuesta víctima.

Urquieta, abogada del líder cocalero,  calificó los procesos contra Morales de “una persecución política” que viene por parte del Gobierno porque todos los casos fueron activados o interpuestos tras la marcha de Caracollo a La Paz, además que  incurren en una serie de irregularidades, entre las que se cuenta la “intromisión” del Ejecutivo en las decisiones y el accionar de la justicia, del Órgano Judicial.

Basta con ver el caso más bullado, dijo la abogada, el referido a la presunta relación que tuvo Morales con una menor de la cual nació una hija. Agregó que  este proceso carece de pruebas, no existe la víctima, no hay una denuncia y el hecho fue indagado y fue cerrado, precisamente por falta de pruebas que sustenten el caso.

“Nosotros, desde la defensa, solicitamos que se cierre el proceso, entonces estamos viendo qué es lo que ocurre y que ojalá no haya más presiones desde el Ejecutivo”, dijo a Visión 360  Urquieta y señaló la postura del equipo de juristas.

Según el diputado Fredy López, del ala “evista”, todo lo que está pasando es simplemente un “ataque” del Gobierno, porque se ve derrotado políticamente, si no cómo uno se explica que se haya esperado hasta ahora para activar el proceso, cuestionó.

Indicó que el Ejecutivo, por estar involucrado en estos procesos contra Morales y armar toda esta “guerra sucia”, descuidó la administración del Estado que empujó al país a una  crítica situación económica que debe ser atendida lo más pronto posible.

Andrés Flores, diputado “arcista” del MAS, aseveró que la denuncia contra el presidente Luis Arce es “un juego político” que fue armado por el ex mandatario Evo Morales, por lo que consideró que sería lo mejor que el líder cocalero directamente aclare y diga a quiénes “se contrató” para ese acto, el de la denuncia de la joven.

Judicialización de la política

El abogado Eusebio Vera aseguró que el MAS, durante los años que está en función de Gobierno, se ha encargado de “judicializar la política” y mediante esta judicialización ha manejado la forma de hacer política y la forma de “oprimir” a la oposición. Indicó que si hoy nos preguntamos si existe la oposición política en el país, la respuesta es que es nula, no existe.

Dijo que en el último tiempo, cuando es evidente la fractura del instrumento político, esta judicialización también  es utilizada para “perseguirse mutuamente”.

Enfatizó en que por años se permitió la intromisión de la política en el ámbito judicial, en el que se dio una total sumisión  que no es lo mismo que una coordinación que está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).

Vera citó una serie de acciones que dejan ver el manejo político de la justicia, tales como la aprehensión antes de la investigación, indagaciones sesgadas y direccionadas, en las que participan como partes los ministerios de Justicia y de Gobierno, los que nada tiene que ver, a lo mucho tendría que pronunciarse la Procuraduría del Estado. Entre estas acciones también se inscribe la oferta de juicios abreviados porque es tan débil el sustento de los casos que si no es de ese modo se caen, entonces terminan “capitulando” los procesos.
“Como ahora están las cosas no hay un juez digno, no hay un juez que haga respetar la Constitución y las leyes, pero, bueno, estamos así, lamentablemente”, manifestó el jurista.

Defensa en las carreteras

El lunes 14 de octubre, el ala “evista” del MAS inició un bloqueo de carreteras con graves perjuicios para la gente y el aparato productivo. La principal demanda es que el Gobierno retire los procesos en contra de Morales, según el dirigente campesino Ponciano Santos.

Un punto bloqueado por los "evistas". Foto: APG

Las nueve denuncias, ocho contra el ex mandatario Morales y una contra el presidente Arce

1. Denuncia del 21 de septiembre de 2024
Delito: Instigación pública a delinquir, desórdenes o perturbaciones públicas, atentado contra la libertad de trabajo y sedición. 
Denunciante: Melania Torrico, quien fue funcionaria del
Ministerio de Gobierno en la gestión de Hugo Moldíz, y Marvia Subirana.
Descripción: La denuncia por instigación pública a delinquir se basa en la promoción de la marcha desde Caracollo, Oruro, a La Paz.
Denunciado: Evo Morales.

2. Denuncia del 25 de septiembre de 2024
Delito: Daño económico al Estado, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa e impedir o estorbar el ejercicio de las funciones.
Denunciante: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Descripción: Se planteó debido a los supuestos destrozos que se hicieron en la carretera que une La Paz y Oruro, ruta que recorrió la marcha.
Denunciado: Evo Morales.

3. Causa reabierta el 26 de septiembre de 2024
Delito: Trata y tráfico de personas y estupro (abuso de una menor de edad).
Denunciante: De Oficio (denunciado por organismo público).
Descripción: La denuncia se origina en un informe realizado por personal de inteligencia de la Policía mediante rastreo de redes sociales, sin denunciante. Señala que los padres de la supuesta víctima lucraron con ella al
entregarla al expresidente a cambio de favores.
Denunciado: Evo Morales.

4. Notificación realizada en septiembre de 2024
Delito: Bloqueos en carretera. Nota: la figura de prohibición de bloqueos, es de imposible cumplimiento y no es aplicable la figura Exhortativa. 
Denunciante: Ministerio de Gobierno y el ex diputado Amílcar Barral.
Descripción: La Sala Constitucional Cuarta de La Paz consideró que el ex presidente Evo Morales incumplió de manera parcial la prohibición de propiciar bloqueos.
Denunciado: Evo Morales.

5. Reimpulsada el 26 de septiembre de 2024
Delito: Difamación, calumnias e injurias
Denunciante: Ex procurador del Estado, actual ministro de Justicia, César Siles. 
Descripción: Siles, siendo Procurador General del Estado, denunció a Evo Morales a raíz de una denuncia pública que realizó el expresidente contra él por haber pedido fondos a militares que están detenidos en prisión preventiva por el golpe de Estado a cambio de liberarlos. 
Denunciado: Evo Morales.

6. Denuncia pública del 3 de octubre de 2024
Delito: Violación (tres casos). No existe denuncia formal. 
Denunciante: Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 
Descripción: Del Castillo informó que existen al menos tres denuncias contra Morales por presunta violación, que serán investigadas y llevadas a la justicia. “No descartamos que existan otros hechos de violación presuntamente cometidos por el autor que todo el pueblo boliviano conoce (…) si existen elementos de convicción, van a existir las sanciones correspondientes”, dijo.
Denunciado: Evo Morales.

7. Denuncia pública del 7 de octubre de 2024
Delito: Violación (dos casos). No hay denuncia formal.
Denunciante: Directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera. 
Descripción: Según versión de Herrera, los casos datan de 2014, cuando las denunciantes aún eran menores de edad. Señaló que una de las víctimas llegó en esa gestión al Palacio de Justicia a trabajar con Morales, la que fue convocada por un sindicado del Trópico de Cochabamba.
Denunciado: Evo Morales.

8. Denuncia del 9 de octubre de 2024
Delito: Corrupción. Caso Gabriela Zapata y CAMC;
Desfalco Fondio ; Caso Barcazas Chinas; Caso Constructora del Ejército; YPFB Catler Uniservice; AIR Catering.
Denunciante: Exparlamentaria Yesenia Yarhui Albino.
Descripción: Albino presentó una solicitud urgente de
activación de alerta migratoria y apertura de investigación, contra Morales, para evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante autoridades judiciales. La solicitud fue rechazada por la Fiscalía de La Paz. 
Denunciado: Evo Morales.

9. Denuncia del 11 de octubre de 2024
Delito: Uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre.
Denunciante: Diputado Héctor Arce.
Descripción: Surge a raíz de la denuncia que hizo Yésica Villarroel, una joven que afirmó que sostuvo una relación amorosa con el mandatario, y que le ofreció el cargo de viceministra de Deportes.
Denunciado: Luis Arce.

Abogada de Morales: Hay  3 elementos que caracterizan al “Lawfare” o “guerra jurídica”

Cecilia Urquieta, abogada parte del equipo que defiende al expresidente Evo Morales. Foto: Radio Cut

Un Órgano Judicial sometido, una persona a quien destruir la imagen o deslegitimizarla y una maquinaria de prensa son los tres elementos del “Lawfare” o guerra jurídica que identificó Cecilia Urquieta, abogada del equipo de defensa del ex presidente Evo Morales. 
De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el “Lawfare” se define como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”.

Urquieta explicó que los tres elementos que caracterizan a este nuevo fenómeno, utilizado con anterioridad en varios países como Brasil,  con Luiz Inácio Lula da Silva, Ecuador con Rafael Correa y Argentina con Cristina Fernández, se verifican en el país de manera exacta.

Por ejemplo, indicó que ciertas autoridades jurisdiccionales en Bolivia trabajan para el Gobierno y si no lo hacen son amedrentadas porque el objetivo es que sus acciones refrenden los fines del Ejecutivo. “Se trata de un Órgano Judicial sometido para montar casos, situaciones u otros que ellos lo tienen y si no lo tienen lo fuerzan”, indicó la jurista.

Citó como ejemplo el amedrentamiento que sufrió el vocal Charles Mejía, del Tribunal de Justicia de Beni, cuando trataba un amparo interpuesto por el tema de las judiciales.
Siempre debe existir el blanco, sobre quien se disparará toda la artillería con el objetivo de desprestigiarlo, anularlo o eliminarlo del espectro político.

En el caso boliviano este blanco es el exmandatario, dijo Urquieta, contra quien se utilizaron diversas acusaciones como terrorismo y narcotráfico; sin embargo, ahora se optó por “delitos de repudio social” como son los vinculados a niños y mujeres.

Según la abogada, en el país también existe la maquinaria de prensa que trabaja para consolidar el desprestigio del adversario.

Dijo que muchos medios de comunicación dependen del Gobierno mediante la pauta publicitaria, por lo que “viven sometidos” y a su servicio.

Sin embargo, Urquieta manifestó que existe confianza en la fuerza política que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), que evidentemente se vio desgastada, pero no de manera absoluta porque “hay un apoyo y credibilidad en él más allá de la guerra judicial”.