La CAO y Cainco rechazan acuerdo de empresarios con el Gobierno por la disposición de decomisos

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) rechazaron el acuerdo que firmó el martes el presidente de los empresarios con el Gobierno para postergar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación, hasta llegar a un acuerdo y consenso sobre las condiciones de su implementación.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco, expresó que “llamar acuerdo a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”.

"La cadena productiva está cansada de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, expresó el representante en la red X.

En concordancia, el titular de la CAO, Klaus Frerking, cuestionó que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) haya asumido esa postura pese a no haber participado en ningún ampliado nacional de los sectores productivos que trataron el tema en varias oportunidades y pronunciamientos.

“Creo que aquí nadie entiende cómo una ley se puede poner en pausa; la única salida es la derogación, es lo que exigimos nosotros como sectores, (ese acuerdo) es una jugada más del Gobierno, lo sabemos”, expresó Frerking.

Para que se deje sin efecto la disposición, considerada “confiscatoria”, Frerking ratificó que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar un proyecto de ley que establece su derogación.

Ayer, martes, el presidente de los empresarios, Giovani Ortuño, dijo tras firmar el acuerdo que se acordó que la disposición no se va a aplicar “en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en la metodología, normas y cualquier otra forma de solución al tema de la especulación, contrabando, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”.

Desde el lunes pasado, los sectores productivos del país se movilizaron en marchas de protesta contra la aplicación de la medida, que consideran arbitraria y que afectaría gravemente el clima de inversiones.