2025-03-18

Denuncia

Investigación sobre la entrega de territorio indígena boliviano a un Estado ficticio, deriva en amenazas

La Asociación de la Prensa exige a las autoridades investigar las amenazas contra la periodista de El Deber, autora del artículo, así como la denuncia de la entrega de territorios a través de contratos.

La investigación realizada por Silvana Vincenti de El Deber revela la existencia de un documento que permitiría alquilar de forma “perpetua” un territorio indígena a un Estado creado por hindúes hace cinco años. Ante la publicación de la investigación, uno de los dirigentes que firmó el documento, envió un audio amenazante a la periodista, hecho que causó preocupación en el gremio de periodistas.

El documento revelado sería un acta para firmar un contrato de “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas del territorio Baure, en favor del país Estados Unidos de Kailasa, un estado que tendría dos mil millones de hindúes como miembros, que incluso participó dos veces en sesiones de la Onu y que fue denunciado por intentar alquilar territorios en Ecuador y Paraguay, según los datos de la publicación y de investigaciones previas de BBC e Infobae. El contrato ofrecería el pago anual de 108 mil dólares anuales.

Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el mismo domingo 16 de marzo, luego de publicarse la investigación titulada “Estado ficticio tienta a indígenas para que alquilen sus territorios por mil años”, el teléfono de Vincenti recibió llamadas y mensajes desde el extranjero y personas que no se identificaron, las que pidieron que retire la publicación de las redes del medio informativo.

El medio cruceño publicó ayer que Vincenti “ha sido objeto de amenazas por destapar una trama de negociados de tierra que involucra a dirigentes indígenas de Beni y Pando. Tras la publicación de la nota, un dirigente de esta comunidad envió un mensaje amenazante a la periodista”.

"Niña, te metiste con la nación equivocada", comienza el audio enviado. "No sabes con quién te has metido", se escucha y “no es una amenaza”, señala en el mensaje remitido desde el teléfono del dirigente de la subcentral indígena de Baure, Pedro Guasico, una de las personas que firmó el acta.

En su intento, firmaron con el municipio María Antonia en Paraguay. Foto: Srinthyananda

Buscan tierras

De acuerdo al autoproclamado gurú hindú Nithyananda Paramashivam, Kailasa fue fundado por él en 2019 en una isla comprada en Ecuador, pero no logró asentarse en otros países, por lo que se sospecha que este es un intento de obtener territorio en Bolivia.

La investigación de El Deber también señala que los representantes de dicho Estado habrían tenido reuniones y avances con otras naciones indígenas, bajo el velo de “cooperación mutua”. Habrían conversado con los esse ejja y cayubaba, en cuyos documentos se ofrece el pago de 55.800 y 28.107 dólares anuales, pero también, con quienes hubo algunos avances, e intentaron establecer negociaciones con representantes de tierras altas, a través de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

En los documentos, rubricados en noviembre de 2024, están las firmas de varios dirigentes indígenas y, de parte de dicho Estado, firman la “embajadora de Kailasa”, Brenda Jung; y los delegados Nilesh Patel, Nithya Paramashivapriya y Trang Huyen Tran. Anunciaron, sin embargo, que luego dichos contratos fueron revocados.

Se conoció que el fundador de ese país, Nithyananda, es buscado en su país, en la India, tras ser acusado por secuestro y violación, según la BBC, y que sus negociaciones le han costado el cargo a un ministro en Paraguay y el inicio de procesos de investigación en varias ciudades.

Pronunciamiento

La ANP, que está integrada por los principales diarios de Bolivia, entre ellos El Deber, expresó su preocupación por esta campaña de hostigamiento con una aparente intención de censurar un trabajo periodístico y amedrentar a la investigadora.

 La organización pidió a las autoridades judiciales que tomen conocimiento de estas acciones que amenazan a la periodista Vincenti y a la libertad de prensa, y pidió un pronunciamiento de las entidades encargadas de la administración y tenencia de tierras en Bolivia.

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