Cuestionan el compromiso de entregar nuevas áreas mineras y tierras raras a favor de cooperativas

El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, cuestionó los 19 puntos que el Gobierno se comprometió a atender en el pliego de cooperativas, porque abre el paso a que el Estado otorgue a favor de este sector áreas de trabajo ya preparadas y tierras raras que son un recurso estratégico.

Una de las demandas tiene que ver con la otorgación de mayores áreas de trabajo para las cooperativas mineras y el levantamiento de la inmovilización de áreas realizada por la Ajam en 2023  (tierras raras).

Córdova explicó que las cooperativas son organizaciones que no tienen capital y no tienen las condiciones de explorar, preparar y desarrollar minas nuevas, por eso es que en general operan en minas abandonadas por el sector privado, por la Comibol o que en algunos casos avasallan. Es decir trabajan en yacimientos marginales que a las empresas no les interesa.

“Pero si  en el acuerdo piden áreas libres, hay un problema, porque eso implica la otorgación de áreas desarrolladas y preparadas por el Estado, pero esto va contra la Constitución, porque el Estado, no puede trabajar e invertir en minas para favorecer a organizaciones privadas”, precisó.

Además, señaló que si se exige el  levantamiento de reserva fiscal y se quiere que el Estado asuma la preparación de las áreas, se le estaría pidiendo que cometa un delito.

El cerro Manumó, en Santa Cruz, ha sido declarado estratégico en Santa Cruz por sus depósitos de tierras raras y está con reserva fiscal, eso quiere decir que nadie más que el Estado puede explotar esa riqueza.

Córdova explicó que el desarrollo de estos yacimientos requiere inversión y tecnología y ni siquiera el Estado está en condiciones de hacerlo, por lo tanto menos las cooperativas. “Permitir que las cooperativas tengan acceso a tierras raras, significa que tienen como socios a empresas privadas que aportarán capital y son las que en el fondo quieren explotar esos recursos, lo cual está prohibido, el Estado, no puede ceder esas áreas, va contra todas las normas”, remarcó.

El otro punto crítico, dijo, es que se busque levantar la reserva fiscal en el Salar de Uyuni, lo cual implica achicar cada vez más el cinturón de seguridad que debe proteger a esa zona de operaciones que puedan alterar la explotación de la salmuera.

Señaló que en la región hay dos minas de complejos de zinc y plata, y seguramente las cooperativas, buscan ingresar a esas áreas.

“Siempre debe existir cinturón  de seguridad para instalar campamentos, áreas de provisión de agua y por eso se debe evitar el ingreso de cooperativas al Salar, es un riesgo que se ceda eso”, apuntó el experto.

El compromiso de garantizar diésel al sector, aseguró, es otro punto que se observa porque todos los actores productivos requieren combustible y si el Estado no cumple, seguramente se volverá a tener cooperativas movilizadas en La Paz.