“Ley antibloqueos”: Ríos propone sancionar solo a los violentos y Laserna la considera simbólica

El debate sobre una “ley antibloqueos” en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe diferenciar entre protestas violentas y no violentas, planteó Pablo Ríos, del Área de Conflictividad de la Fundación UNIR. Por su parte, el analista político Roberto Laserna consideró que la ley solo puede tener un carácter simbólico, aunque precisamente por eso podría resultar eficaz, ya que en principio no sería estrictamente necesaria.

En una entrevista con Visión 360, Ríos destacó que no es lo mismo un bloqueo de vecinos que demandan atención a necesidades locales, barriales o sectoriales, que los bloqueos de carreteras que dejan sin abastecimiento a las ciudades y afectan la actividad económica y el crecimiento del país.

"Interrumpir el libre tránsito es un delito, agravado si además hay amenazas personales o peor si hay violencia física o agresiones. Es parte de ese mismo tipo delictivo el marchar por medio de una vía pública, pues en ese caso también se afectan los derechos de otras personas", señaló por su parte Laserna.

Debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional

La Asamblea Legislativa Plurinacional debate al menos tres proyectos de “ley antibloqueos”, con el objetivo de poner en vigencia una norma que penalice este tipo de protesta en el país.

Una de las propuestas plantea que el corte de rutas en áreas urbanas o rurales y los actos de violencia extrema, como el uso de explosivos, armas de fuego y otros, sean considerados delitos penales.

Otro proyecto propone modificar el artículo 213 del Código Penal para agravar las penas por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y sancionar todo tipo de bloqueo. La sanción prevista sería de ocho a diez años de cárcel para quienes realicen bloqueos.

Un tercer proyecto busca garantizar un equilibrio constitucional, protegiendo la protesta pacífica, pero prohibiendo medidas extremas de presión que afecten la libre circulación o generen daños masivos a la productividad, la salud u otros derechos.

Diferencias necesarias

Ríos consideró que no tiene que meterse a todos en una misma bolsa a todos los que protestan, porque por un lado “no es saludable criminalizar todas las protestas e invisibilizar las demandas de la sociedad, pero es cierto que en el país hemos llegado a un punto que de todo o de nada salimos a protestar”.

Reconoció que hay actores que son muy radicales y en estos conflictos hay heridos y muertos y eso tiene responsabilidad, y alguien tiene que hacerse responsable por la destrucción de bienes, porque afecta la actividad económica, el desarrollo económico, la provisión de alimentos y eso si tiene un perjuicio muy importante.

“Tienen que diferenciarse los conflictos que llegan a esos niveles de violencia, de radicalidad con protestas más locales, con sectores más pequeños que no son tan violentos, que no tienen esa capacidad de movilización o que no son radicales de entrada. No es lo mismo el bloqueo de carreteras que limita el aprovisionamiento de comida, con uno de enfermos con cáncer que están exigiendo micros, porque no pueden llegar a hacerse un tratamiento”, planteó

Al respecto, Ríos consideró que, Bolivia es un país en el que se recurre con frecuencia al bloqueo de carreteras, como una forma reivindicativa, una forma de mostrar el descontento que tiene la población por las políticas asumidas por el gobierno o por las autoridades municipales y departamentales.

Sin embargo, este tipo de protesta se da por el desgaste e insensibilidad de las instituciones públicas, porque estos conflictos deberían ser encarados a través del diálogo y la respuesta a las demandas, pero ante el cansancio, estos sectores salen a las calles.

Conflictividad por la “ley antibloqueos”

Ríos consideró que las declaraciones y anuncios de reanudar las protestas en contra de la aprobación de esta “ley antibloqueos” por la Central Obrera Boliviana (COB), cooperativistas mineros y organizaciones campesinas no tendrá el impacto de las protestas que vivió el país, contra el Decreto Supremo 5503.

Dijo que el decreto 5503 tenía un impacto muy importante en muchos sectores de la sociedad, mientras que quienes se oponen a este tema son los mineros, por el uso de la dinamita, y los sectores que son tradicionalmente considerados “entre los más violentos en las protestas sociales”.

Por lo tanto, esta movilización, no va a gozar del apoyo, como sucedió con la que fue convocada contra el decreto 5503, porque la población misma ve a estos sectores como violentos.

Ley “antibloqueos” tendrá un carácter simbólico

Para Laserna, una “ley antibloqueos” sólo puede tener carácter simbólico, aunque tal vez precisamente por eso podría ser eficaz, debido a que en principio es obvio que no es necesaria, porque interrumpir el libre tránsito es un delito.

Explicó que es parte de ese mismo tipo delictivo el marchar por medio de una vía pública, pues en ese caso también se afectan los derechos de otras personas.  De modo que una “ley antibloqueos” sería redundante, no haría más que repetir lo que ya está normado.

Sin embargo, consideró que al reunir en una sola norma este tipo de delitos y sus sanciones, daría al problema una visibilidad legal que hoy no tiene, y eso puede hacerla más eficaz.

Más aún dijo, “si es que la ley resulta de una consulta popular, ya que mostraría a quienes recurren a esos métodos de protesta que son repudiados por la población y que constituyen una minoría que abusa de la mayoría”.

Advirtió que el problema será lo que venga después, “si la ley es desafiada y no se cumple, como de hecho ocurre con las leyes actuales. Es decir, si el gobierno no tiene voluntad o capacidad política para hacerla cumplir o si la policía no tiene los medios necesarios para hacerla cumplir. El posible efecto simbólico podría diluirse, lo que terminaría por empeorar la situación”, advirtió.

Para Laserna, el problema en Bolivia es que se ha desarrollado una mentalidad que valora más la rebeldía que el cumplimiento de la ley, prioriza la acción de resultados inmediatos sobre la producción lenta y, sobre todo, menosprecia los derechos de los demás.

En todos esos “delitos” se causa daño a personas inocentes que nada tienen que ver ni con la generación del problema, ni con su solución. Lo peor es que es un daño deliberado. Se afecta a terceros para obligar a que el segundo, es decir, el interlocutor directo, responda. Es un método que trata a los otros como simples objetos, carentes de derechos, aseguró.

“Esto es terrible y puede corregirse con leyes rigurosas y castigos fuertes, si es que se tiene la fuerza para ello, pero creo que también puede corregirse en base a acuerdos explícitos, claros y transparentes”.

"No digo que sea fácil hacerlo pero creo, tal vez con algo de ingenuidad, que sería posible dialogar sobre los métodos de la protesta, por lo menos con las organizaciones sociales más representativas, y buscar convenios que pongan cierta disciplina cívica en las protestas. Que evite la criminalización de la protesta, pero también que evite la criminalización de quienes protestan", aseguró el analista político. 

Bolivia en permanente conflicto

Según un informe de la Defensoría del Pueblo durante la gestión 2025, se registraron 841 hechos de conflictividad en el país, una mayoría de ellos, en defensa de los derechos económicos y laborales, después estaban los derechos políticos, derecho a la prestación de servicios y vivienda, transporte, obras públicas y el derecho a la educación, de acuerdo al reporte del comportamiento de la conflictividad del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT).

De acuerdo con el informe de esta institución, la cantidad de conflictos registrados en el año 2025 tuvo un “incremento significativo” en relación con el promedio histórico de los últimos 50 años, que alcanza a 362 conflictos. “Esto significa que el anterior año ha sido un año bastante conflictivo y sin duda esto tiene correlación con la crisis económica”.

De ese total de conflictos, durante el tercer trimestre, 186 demandas se orientaron en su mayoría al ámbito laboral y de empleo, mientras que en el cuarto trimestre 187 se reorientaron nuevamente a lo económico, según ese documento.