CIDH: La institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Bolivia están afectados por la polarización política

Visión 360 / La Paz

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, estableció que la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la libertad de expresión se encuentran afectados por el ambiente de polarización política, agravada tras una serie de hechos conflictivos.

La polarización, dice la CIDH, agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país.

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El informe que analiza la situación de derechos humanos en Bolivia se basa en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023, los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.

Según la CIDH, Bolivia presenta desafíos para la atención a la violencia contra la prensa, el acceso a la información y la participación ciudadana, “entre otros aspectos propios del ejercicio del derecho a libertad de expresión”.

“Existe un deterioro del debate público, alimentado en parte por discursos de los liderazgos públicos, con consecuencias en la situación de conflictividad. El Estado debe fortalecer la institucionalidad democrática y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión”, señala parte del documento.

Agrega que “las personas que ejercen liderazgos públicos y aquellas cuyas voces son referenciales en la sociedad, tienen una responsabilidad de coadyuvar en la reducción de las brechas abiertas por la polarización”.

Uno de los puntos está referido al sistema judicial, del que resalta que la justicia en el país “enfrenta desafíos históricos que incluyen las garantías para la independencia judicial; las debilidades normativas; la composición de las altas cortes; la carrera judicial; la cobertura y acceso del sistema de justicia; la carga procesal y la mora; la situación presupuestaria; la interculturalidad en el sistema de justicia; el abuso del derecho penal y la situación de las personas privadas de la libertad”. 

El informe analiza los desafíos históricos del sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana desconfíe profundamente del Órgano Judicial; especialmente, del sistema penal, percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder.

La CIDH observa que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.

En todas sus visitas desde 1997 a 2006, la CIDH observó “problemáticas estructurales en el país que han persistido históricamente, independientemente de las autoridades gubernamentales en funciones”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

Según la CIDH, el país enfrenta muchos otros desafíos, incluidos  la jurisdicción indígena originario campesina, los derechos del pueblo afroboliviano, la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGTB.