Desde exautoridades hasta excandidatos de partidos

Entre los profesionales que postulan a altos cargos en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encuentra un grupo que tiene afinidad con diferentes partidos políticos. Se trata de excandidatos, autoridades electas, exministros, exvocales de tribunales departamentales electorales y hasta exjueces acusados de favorecimiento, por ejemplo, al partido de Gobierno.

De los 405 aspirantes habilitados para pasar a la fase de evaluación de méritos, que se desarrolló en los últimos días en la Asamblea Legislativa, se encontró al menos a 30 postulantes que tienen las características mencionadas, de acuerdo con una revisión de datos que hizo Visión 360.

Entre quienes tienen ciertos vínculos se puede señalar, por ejemplo,  a Carlos Contreras, quien fue candidato a senador por la agrupación Juntos, o a Rolando Soto, quien fue candidato a diputado por el Frente a la Victoria, en 2020.

En el año 2014, Teodoro Blanco fue candidato a gobernador de Oruro por la agrupación Participación Popular, mientras que Eda Fiorilo fue candidata a senadora por Comunidad Ciudadana (CC).

Entre quienes fueron acusados por tener afinidad con el partido de Gobierno están los postulantes José Luis Miranda y Porfirio Machado.

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Juan Carlos Arellano estuvo entre los funcionarios cercanos a Santos Ramírez, expresidente de YPFB, involucrado en denuncias de corrupción. Zenón Bacarreza falló a favor de la reelección de Morales. Félix Cabrera fue acusado por la gestión de transición de ser parte del grupo que cobraba aportes a los trabajadores de Entel y Datacom para la campaña del MAS.

Franklin Garvizú fue diputado uninominal por el partido oficialista e investigado por posibles nexos con la corrupción. Cristian Sanabria fue elegido asambleísta por Chuquisaca por el MAS. Elizabeth Gutiérrez fue ministra de Justicia en 2014; Eulogia Flores, vocal del tribunal electoral de  Potosí.

Marvin Molina es uno de los magistrados autoprorrogados, contra quien se presentaron nueve impugnaciones. Roxana Chávez es acusada por ser cercana al expresidente de la Cámara de Diputados Jerjes Mercado, del ala “arcista” del MAS. Carlos Ortiz fue vocal del tribunal electoral de Beni.

Para el analista y exmiembro de Demócratas,  Vladimir Peña, no es nuevo que algunos postulantes  a magistrados tengan una afinidad con el partido gobernante, porque uno de los objetivos del MAS desde 2006, cuando asumió el poder por primera vez, fue “descabezar” al Tribunal Constitucional porque era una herramienta necesaria para controlar el poder político.

“No es novedad que la mayoría tenga vínculos directos, inclusive algunos han tenido función ejecutiva y son magistrados del sistema judicial”, manifestó en contacto con Visión 360.

Voluntad política

Según el analista, “desmontar” toda esta estructura en una elección judicial “no será posible” porque la convocatoria y las leyes están hechas a medida de un sistema construido, por dos décadas, para tener el control del Poder Judicial. Añadió que para una verdadera transformación se necesita voluntad política de oficialistas y opositores, de lo contrario este proceso seguirá siendo una “pulseta entre (Luis) Arce y Evo (Morales)”.

Algo que hay que notar, dijo Peña, es que un 80% de la población, según estudios y encuestas, rechaza el actuar de los administradores de justicia no solo por la persecución o la instrumentalización, sino porque “para tenerla hay que pagar”.

Daniel Valverde, analista, coincidió con Peña al señalar que es “casi natural” que actores con afinidad al partido oficialista pugnen por un alto cargo judicial porque tienen mayores posibilidades de cumplir su objetivo.

“Es un modelo que termina ahuyentando a los profesionales que tienen mejor desempeño académico y que podían tener mayor idoneidad”, agregó.

Valverde consideró que si los postulantes a magistrados son afines al partido oficialista, son también fácilmente manipulables y “manejables por el Ministerio de Justicia”, lo que va en desmedro de la ciudadanía.

“Que se presenten profesionales que tienen un perfil político o una alianza política con un partido, termina afectando a la población. Vamos a ver situaciones como las que hemos visto, fallos muy abiertamente a favor de un sector del Gobierno”, indicó el analista.

Bolivia celebrará este año las terceras elecciones judiciales de su historia, después de 2011 y 2017, aunque ambos procesos tuvieron poca participación de los electores. Al igual que antes, la Asamblea Legislativa hará una lista de 96 candidatos  que se someterán al voto ciudadano.

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La Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales dice que se preseleccionarán 36 candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, número similar para el Tribunal Supremo de Justicia, mínimo 14 para el Tribunal Agroambiental y mínimo 10 para el Consejo de la Magistratura.

El martes,  un amparo constitucional de una postulante paralizó el proceso de preselección hasta el lunes, cuando se resuelva el recurso.