Ejecutivo defiende el DS 5143 de DDRR, “evistas” y opositores piden su abrogación

Autoridades de Gobierno, en los últimos días, salieron a defender el Decreto Supremo 5143 de funcionamiento de Derechos Reales (DDRR), mientras que legisladores de oposición y del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) coincidieron en pedir su abrogación. Los argumentos de ambas líneas tienen que ver con la afectación y la garantía de la propiedad privada.

El primero en salir a defender la norma aprobada el pasado 10 de abril fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que los detractores del decreto buscan “convulsionar el país” mediante la desinformación.

“La Constitución garantiza su derecho propietario a los bolivianos y es una vergüenza que autoridades que han aprobado esta Constitución la desconozcan y le mientan a la población”, manifestó Lima el pasado martes.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, fue otra autoridad que salió al paso a señalar las bondades del decreto. “Lo que está ocurriendo es una maliciosa información que se está generando con el único afán de causar malestar en el pueblo y hacer lo que creen que es oposición”, dijo.

Según Torrico, el decreto moderniza el sistema de DDRR y quienes pretenden generar caos en una “ignorancia total” afirman que mediante esa norma se va a quitar sus propiedades a la población, uno de ellos Toño Siñani, dirigente gremial de la ciudad de El Alto.

Indicó que de lo que se trata es que cuando una persona venda su inmueble y vaya donde el notario, el mismo pueda verificar de forma directa desde la base de DDRR la autenticidad o no de los documentos de propiedad.

El decreto cuestionado, destacó Torrico, permite contar con una base de datos nacional, el resto sólo son funciones. Lo más importante es que no señala la apropiación de bienes privados y menos aún que DDRR pasará al Ministerio de Gobierno, contrariamente, se ratifica que será administrado por el Consejo de la Magistratura.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, también defendió la norma, pero fue más allá al acusar a la oposición y al “evismo” de buscar violencia en el país.

“Ala evista, camachistas y mesitas están con sed de sangre, otra vez quieren traer luto y dolor”, aseveró Montaño.

Recordó que durante el Gobierno de Carlos Mesa se aprobó otro decreto para reglamentar la ley de 1887 y nadie dijo nada, nadie se pronunció en contra, por lo que, afirmó, que es falso que se necesite una ley para ese propósito.

Por ejemplo, el senador del ala “evista” del MAS, Hilarión Mamani, pidió que la norma se abrogue porque afecta a la propiedad privada de cada boliviano.

Además, el senador del ala evista del MAS, William Torrez, dijo que presentó una propuesta de ley para la abrogación del Decreto Supremo 5143, que crea el Sistema Único de Derechos Reales, por la “incertidumbre” generada en la población sobre sus propiedades.

Torrez agregó que la independencia de Bolivia “se pone en grave riesgo el registro de propiedad de todos los bolivianos”.

De acuerdo con el analista cruceño, José Luis Santiesteban, la principal observación es la inseguridad jurídica que plantea el decreto al señalar la intervención del Órgano Ejecutivo, a través de la Agetic, en la administración de los registros de propiedad.

Precisamente, para evitar la “manipulación e instrumentalización” de esta información es que la administración de DDRR está en el Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, indicó Santiesteban.

“En Bolivia no hay seguridad jurídica porque la justicia está politizada y se concentran las funciones en el Órgano Ejecutivo, ahora está bloqueada la Asamblea y el TSE”, dijo el analista.

La senadora de Creemos, Centa Rek, consideró que el decreto es “inconstitucional”, por lo que anunció que ella y sus correligionarios se declararon en estado de emergencia hasta lograr la abrogación de la norma.

Sectores sociales también anunciaron movilizaciones, como los gremiales en la ciudad de Santa Cruz, que se movilizarán el 20 de mayo, y activistas que programaron su protesta para mañana viernes, también en la capital cruceña.

“Le quita el poder al Consejo de la Magistratura para entregárselo a un ente Ejecutivo que es puesto a dedo, que va depender del Ministerio de Gobierno”, dijo Edgar Álvarez dirigente gremial.

Mientras que el diputado del ala “arcista” del MAS, Juan José Jauregui, informó que junto a los “renovadores” de ese instrumento político, decidió presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para pedir una aclaración sobre el procedimiento que se empleó para aprobar la norma, ante la incertidumbre y confusión que existe.

“Lo que se cuestionó por el ala radical y la derecha es la forma de la reglamentación, el mecanismo legal es una acción de inconstitucionalidad abstracta que se planteó para impugnar la validez formal del decreto”, explicó el legislador en conferencia de prensa.