Lima sale en defensa del decreto abrogado y advierte que DDRR es una “caja negra”

La oficina de Derechos Reales (DDRR) recauda anualmente un monto estimado de Bs 600 millones, que carecen de fiscalización, según informó esta jornada el ministro de Justicia, Iván Lima.

El decreto supremo 5143, ahora abrogado, buscaba bancarizar las transacciones, según explicó la autoridad, para evitar la corrupción y extorsión a la que “están expuestas las familias bolivianas”, ante la falta de control.

“Buscábamos bancarizar el pago de los aranceles que ahora se pagan de manera directa en las cajas. En el tiempo de la pandemia (Covid-19) se han recaudado los mismos 600 millones de bolivianos que se recaudan cada año”, reveló Lima.

Lima considera que tal monto recaudado en DDRR es una suerte de “caja negra”. “Es una caja que no tiene control, que no tiene fiscalización y a la que no ha logrado ingresar la bancarización que hay en todos los demás trámites del Estado Plurinacional de Bolivia”, precisó.

Defendió el Decreto Supremo 5143 porque con el mismo se buscaba uniformar los trámites, para que “malos funcionarios no se inventen requisitos” en Derechos Reales, solo con el objetivo de hacer cobros irregulares, informó la agencia ABI.

Indicó que la modernización era la base del decreto, que pretendía regular la ley de 1887 y recordó que dicha norma no era “regulada por primera vez” pues el gobierno de Carlos Mesa ya lo hizo el 24 de diciembre de 2004.