lunes 6 de abril de 2026

Santa Cruz

La Fiscalía libera de culpa al policía agresor que ofreció $us 100 a periodistas para frenar una denuncia

Una fiscal consideró que no se encontraron elementos de prueba que señalen a Víctor Hugo Santalices como el responsable de hechos de violencia contra periodistas.
Una de las víctimas de los hechos de violencia en enero de 2023 en Santa Cruz. Foto: Captura de video Unitel
Una de las víctimas de los hechos de violencia en enero de 2023 en Santa Cruz. Foto: Captura de video Unitel
jueves 13 de junio de 2024

La Fiscalía de Santa Cruz sobreseyó al capitán de Policía Víctor Hugo Santalices Jáuregui, denunciado penalmente y reconocido como uno de los principales responsables de agresiones a periodistas de Santa Cruz, durante protestas ciudadanas de enero de 2023, luego de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Según publica este jueves El Deber, la fiscal Marioly Tórrez, especializada en delitos contra la integridad personal, presentó su requerimiento conclusivo de sobreseimiento en favor de Santalices, por considerar que no existen las pruebas suficientes de que el oficial fuera quien participó en los hechos que causaron lesiones graves a los periodistas de la red Unitel.

El requerimiento de sobreseimiento fue presentado al juzgado del control jurisdiccional de la jueza cautelar Ana Gloria Rojas.

Santalices era teniente cuando pertenecía a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba y se trasladó a Santa Cruz para las acciones desarrolladas contra pobladores que participaron de las protestas. A principios de enero de 2024, ascendido al grado de capitán, según los informes oficiales.

A inicios de mayo pasado, la fiscal Tórrez, como parte de las investigaciones por delitos de lesiones graves y leves y atentado contra la libertad de prensa, requirió una audiencia de conciliación entre  Santalices y los periodistas,  considerados como víctimas, en busca de un acercamiento y solución.

Durante esa audiencia, Santelices ofreció 100 dólares a los comunicadores como resarcimiento por los daños causados y algunos gastos. Esta propuesta fue calificada como “indignante” por gremios periodísticos que defienden la libertad de expresión.

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