Cívicos se rearticulan y rechazan referendo propuesto por Arce

Líderes del movimiento cívico nacional determinaron esta tarde, mediante una resolución conjunta firmada en Trinidad, Beni, el rechazo al referendo propuesto el 6 de agosto por el presidente Luis Arce, en el que se consultará sobre la subvención a los combustibles,  redistribución de escaños y reelección continua o discontinua.

La resolución fue firmada por Hugo Argote, presidente del Comité Cívico de Beni; Fernando Larach, del Comité Cívico pro Santa Cruz, Apolinar Rivera Muñoz de Cochabamba; Adolfo Camacho de Oruro; Alberto Pérez del Comité Cívico de Potosí y Edberto Maina de Pando.

“El presidente Luis Arce leyó un discurso en el cual no propone soluciones a las demandas de la población boliviana. Por el contrario, intenta distraer la atención de los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, pretendiendo trasladar la responsabilidad de la toma de decisiones sobre temas ya establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, o que son de entera responsabilidad del Gobierno, a través de consultas populares”, indica parte de la resolución, a la que dio lectura Larach.

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En referencia a la subvención de carburantes, los cívicos plantean que mantenerla o no es una competencia “privativa” del Gobierno nacional. Es decir, que quien debe definir el punto es el Presidente, Luis Arce, y no la población vía plebiscito.

“En ese sentido, en lo que se refiere a un posible referendo sobre la subvención de hidrocarburos, creemos que el manejo de la política de hidrocarburos es de competencia privativa del Gobierno nacional. Por tanto, es responsabilidad exclusiva del Presidente del Estado tomar la decisión administrativa, de continuar o eliminar la subvención a los hidrocarburos, por lo que rechazamos esta propuesta”, indica la resolución.

Sobre la redistribución de escaños, los cívicos consideraron que enviar ese tema a consulta “puede generar confrontación e incertidumbre” entre los departamentos.

“En lo que hace a la distribución de escaños parlamentarios, la Constitución y la Ley 026 establecen claramente la composición y forma de distribución para las cámaras de Diputados y Senadores. Lo planteado por el presidente pretende generar confrontación e incertidumbre entre departamentos hermanos. Cualquier intento de violentar el ordenamiento jurídico o generar conflictos internos no será aceptado ni permitido por el movimiento cívico nacional”, agrega el documento.

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En torno a la reelección continua o discontinua, sostuvieron que la Constitución Política del Estado (CPE), la sentencia 1010/2023 y el referendo de 2016 amparan que sólo se puede aspirar a un cargo electivo por dos gestiones únicamente.

“En lo que hace a la propuesta de referendo sobre la reelección presidencial, la CPE en el art. 168, la sentencia constitucional N° 1010/2023 y el referendo del 21 de febrero de 2016 han dejado claramente establecida la imposibilidad de acceder a un cargo electivo por más de dos periodos constitucionales. Insistir en ello constituye en una afrenta a los ciudadanos bolivianos que ya definieron su posición en la consulta popular antes mencionada. Por lo tanto, rechazamos la propuesta planteada”, indica.

Finalmente, los cívicos trataron temas como la vertebración caminera del departamento de Beni con otras regiones, debido a la importancia demográfica de ese departamento, y su potencial en agricultura, ganadería e industria.

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Por otro lado, manifestaron que la administración del Estado y en particular la implementación del modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) “está llevando a Bolivia al desastre económico, y por consecuencia, a una crisis social que afecta a la población en general”.

Reafirmaron el pedido de la construcción de un nuevo padrón electoral para garantizar “la transparencia de los procesos electorales venideros”.

Con relación a la canasta familiar, demandaron al Gobierno la atención inmediata de las necesidades del sector productivo, que tienen que ver con la autorización del uso de eventos biotecnológicos, garantizar el abastecimiento de combustible y la seguridad jurídica de la tierra.