9 países de Latinoamérica y la OEA condenan la orden de arresto contra Edmundo González

La orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del líder opositor Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, fue rechazada por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Los 9 países también emitieron un pronunciamiento que reza que "la orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política".

Asimismo, sostiene que en un país "donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias", condenan esas "prácticas dictatoriales".

"Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia", concluye el texto.

La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de "terrorismo" que emita una "orden de aprensión" en contra del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, por su "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.

La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.

Según un oficio del ente fiscal con fecha de hoy, al antichavista se le acusa también de "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

 

Para la OEA, "una vez más, el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como un instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. No es un poder judicial el que administra justicia, sino la represión y la violación de las libertades fundamentales, y que se erige como el principal agente de impunidad de las violaciones de derechos humanos".

 

"Esperar que los fiscales, magistrados y jueces venezolanos eventualmente hagan justicia es un absurdo jurídico, pero también implica un absurdo ético y moral aún mayor, ya que continúa exponiendo al pueblo venezolano a las políticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano sin utilizar los instrumentos de acusación y detención de los responsables por el Fiscal de la Corte Penal Internacional", dice el pronunciamiento.