Procuraduría denuncia a Chávez por corrupción en la contratación de abogados, en tres años pagó más Bs 93 millones

La Procuraduría General del Estado presentó este martes una denuncia penal en contra de Wilfredo Chávez, exautoridad de esta repartición de Estado, a quien acusa por corrupción en la contratación de abogados. En tres años (2021-2023) gastó más de 93 millones de dólares.

“Estamos hablando de una denuncia presentada hoy al Ministerio Público ya la espera de la asignación de un fiscal, de un juez cautelar, contra servidores públicos, especialmente contra la ex máxima autoridad ejecutiva de esta entidad, por varios delitos de corrupción”, dijo este martes César Siles, procurador general del Estado, en conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación realizada por la Procuraduría, se establece que Chávez y su equipo cometieron los delitos de resoluciones contrarias a la Carta Magna y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que lo exponen a 10 años de privación de libertad.

Entre las motivaciones que tuvo el equipo jurídico para indagar lo sucedido en la administración de Chávez se cuenta, por ejemplo, que para contratar a una empresa se pidió certificación Seprec actualizada y presentó caduca, en otro caso se solicitó certificado de constitución internacional, documento que se tramitó luego de recibir la invitación para ser parte de los abogados defensores.

Siles manifestó que, durante esta etapa, en la gestión de Chávez, se advirtió una “privatización y terciarización de la defensa del Estado”, debido a que se recurrió a contratar juristas externos nacionales y extranjeros para encarar los procesos, tareas que bien podrían haber cumplido los juristas de la institución.

Indicó que entre 2021, 2022 y 2023 se gastó más de 93 millones de bolivianos en la contratación de bufetes, consorcios y peritos externos, sin tomar en cuenta que de los 200 funcionarios de la entidad, 170 son de profesión abogado.

El Procurador señaló que se identificó 10 contratos irregulares y solo en materia de derechos humanos, cuatro.

Ante esta situación indicó que se aplica una política de tres pilares, la bolivianización de la defensa del Estado, la defensa preventiva y el litigio estratégico, para dar un cambio de timón a la Procuraduría, que consiste en encarar los procesos con recursos humanos propios, y en el caso de necesitar contratar personal externo se lo hará en el marco de la normativa y será “excepcional”.