Cinco claves para entender el caso “Petrocontratos”

Este martes se confirmó la condena de seis años y tres meses contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la autorización de 106 contratos petroleros para exploración petrolera, sin autorización del Congreso Nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia dispuso que Goni debe pasar 75 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, por esta causa.

Sin embargo, el exmandatario no es el único responsable de acuerdo con la acusación por este caso. Se encuentran también exministros de Estado, incluso el expresidente Jorge Tuto Quiroga fue absuelto por esta causa. Aquí te dejamos algunas claves para entender la denuncia que pesa sobre el expresidente, hoy con residencia en Estados Unidos.

Las claves

1. El caso “Petrocontratos” fue iniciado en 2005 e involucró inicialmente a expresidentes, como Sánchez de Lozada y Jorge "Tuto" Quiroga. Sin embargo, este último fue excluido del proceso por una amnistía otorgada por Evo Morales en 2018.
2. De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.
   
   
3. Goni y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas.
   
   
4. Según la denuncia, se favorecieron los intereses de las petroleras en desmedro de los intereses del Estado. En este caso, las partes denunciantes son el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Hidrocarburos y el Viceministerio de Transparencia.
   
   
5. Goni y sus exministros fueron procesados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo.