Cuatro magistrados autoprorrogados del TCP se acogen al derecho al silencio ante comité de Diputados

Cuatro magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo e Isidora Jiménez Castro se acogieron al derecho al silencio y no declararon ante un comité en la Cámara de Diputados. Fueron denunciados por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y otros delitos. 

Los jueces solicitaron una audiencia virtual, desde la sede de sus funciones Sucre (Chuquisaca), para declarar ante los integrantes del Comité de Ministerio Público de Diputados, en el marco de una investigación por las denuncias de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales, según informa la agencia ABI.

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Sin embargo, “en virtud a su derecho constitucional se han abstenido a declarar, acogiéndose al derecho al silencio, por lo tanto, se ha cumplido este acto procesal”, informó la diputada Lidia Tupa, vocal del Comité.

Hurtado y Espada fueron denunciados por los exlegisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) René Navarro y María Oporto, quienes los acusan de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones.

Mientras que el exdiputado Wilson Santamaría presentó las denuncias contra las magistradas Jiménez y Cornejo por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y nombramientos ilegales.

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Tupa afirmó que la decisión de los magistrados no será un obstáculo y que el comité continuará con la investigación preparatoria. 

“Nosotros tenemos otras herramientas, de acuerdo al procedimiento, podemos solicitar mediante requerimientos, información y documentación. La parte denunciante también va a jugar un rol muy importante porque tiene que probar los hechos denunciados a través de diferentes medios de prueba, como también los denunciados pueden hacer sus descargos de manera escrita”, indicó la diputada, citada por la agencia estatal. 

Caso de corte 

Las leyes 044 y 612 establecen las bases para el juzgamiento de altas autoridades del Estado en un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y el Comité del Ministerio Público tiene un plazo de 30 días desde la recepción de los antecedentes para remitir su informe a la Comisión de Justicia Plural.

Puede recomendar formalizar la instrucción del sumario y continuar la investigación, rechazar las denuncias o disponer su archivo.

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“Una vez concluida la etapa preliminar vamos a hacer conocer a la Comisión de Justicia las conclusiones de esta investigación preliminar, debidamente fundamentada”, declaró Tupa.

Los cuatro magistrados, como el resto de sus colegas del Órgano Judicial, prorrogaron su mandato en 2023, con el argumento de que no se realizaron las elecciones en las que debían elegirse a sus sucesores. Las elecciones fueron en diciembre de 2024, pero solo se eligieron a parte de los magistrados judiciales por sentencia constitucional.