Gobierno “no reconoce ni admite” informe de Grupo del Trabajo de la ONU que calificó de arbitraria la detención de Camacho

El Gobierno informó que el país no cumplirá con las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó como "arbitraria" la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Según el Ejecutivo, el informe es sesgado, parcializado y desactualizado, ya que el juicio en su contra está en curso.

“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada, más aún cuando la misma opinión señala de forma expresa que 'Cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH'”, se lee en una parte del comunicado que difundió el Ministerio de Justicia a través de las redes sociales.

El juicio se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, lo que implica que en los próximos días o semanas se va a concluir el juicio oral público y contradictorio.

Un Grupo de Trabajo es un organismo que se encarga de asuntos específicos. En este caso analizó la situación de la autoridad recluida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha.

Según el documento de dicho grupo, la privación de libertad de Camacho es arbitraria porque contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ante esta verificación, la acción más adecuada sería “poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

El 28 de diciembre de 2022, Camacho conducía hacia su domicilio, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de salir de una actividad oficial, cuando su vehículo fue interceptado por más de 40 agentes estatales con el rostro cubierto. Después lo tomaron preso.

Desde entonces permanece en prisión acusado por el delito de terrorismo en el caso Golpe I, cuyo juicio ya comenzó, que cometió cuando movilizó a la población para deponer a Evo Morales de la administración del Gobierno. Además, tiene otros procesos más por acciones cometidas en contravención de las normas.