Gobierno identifica a servidores de cuatro entidades involucrados en las irregularidades del caso de la joven periodista

Funcionarios de al menos cuatro instituciones públicas están involucrados en las irregularidades cometidas en el caso de la periodista Nadia A., según un informe del Gobierno. El viernes, la joven de 25 años se suicidó después de haber sido abandonada por meses por las autoridades, luego de haber denunciado al fotoperiodista Álvaro V. por el delito de violación.

De acuerdo con Atanasio Fuentes, director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), los funcionarios de la Policía y del Ministerio Público están plenamente identificados y son quienes atendieron el caso en primera instancia.

Sin embargo, también están identificados una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que avaló que la víctima desista de presentar la denuncia, y personal del Hospital del Norte, donde la joven fue a pedir atención médica, cuyo informe demoró meses.

“Se va a plasmar dentro de la investigación, no solo al funcionario policial y de Fiscalía sino a todos los involucrados en la revictimización realizada a la persona”, indicó Fuentes.

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, explicó que se conoció de un acta firmada por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo en la que la víctima establece que no va a realizar la denuncia.

“Esto nos llama la atención”, dijo la viceministra, quien agregó que se va a indagar lo sucedido y si amerita se exigirán las sanciones correspondientes.

Este medio solicitó la contraparte de la Defensoría del Pueblo, pero hasta las 19.40 de este martes no recibió respuesta.

Entre tanto, la directora de la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía, Silvia Renjel, informó que la familia de Nadia formalizó una denuncia en contra de una abogada quien sin ser parte del proceso está declarando ante los medios de comunicación mellando la dignidad de la ahora fallecida.

La demanda fue presentada ante los tribunales de ética de los abogados, cuya infracción implica hasta dos años de suspensión del desempeño de la profesión.