Presidenta de la Corte-IDH ve retroceso democrático a causa de la cooptación política de los órganos de justicia

La cooptación política de los órganos judiciales está ocasionando un retroceso democrático no solo en los países de Latinoamérica, sino en el mundo, aseguró el lunes Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

De esa manera se refirió en el inicio del Seminario Internacional Corte IDH, que se desarrolla en la ciudad de Sucre, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

Hernández, citada por Correo del Sur, indicó que los actores políticos llegan a ocupar cargos de poder mediante las urnas, desde los cuales imponen medidas contrarias a las libertades.

“Lo que hacen es, primero, tomar la justicia; generalmente atacan a los órganos constitucionales que son los encargados de velar por los derechos fundamentales en primera línea en los países, minan su independencia y lo mismo hacen con los órganos judiciales y en particular con los tribunales o salas”, señaló Hernández.

Prosiguió con su explicación y mencionó que luego de que ya han tomado la justicia, pasan a aprobar leyes o decretos abiertamente inconstitucionales o inconvencionales con la complacencia de los jueces serviles que han logrado nombrar para concentrar el poder y también lograr impunidad.

En dicho seminario, la jueza se refirió al impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos, en particular la Inteligencia Artificial (IA), que no es regulada; y los desafíos que se impondrán en el futuro mediato por la emergencia climática.

La presidenta de la Corte-IDH cumple una agenda en el país que incluye reuniones con miembros del Órgano Judicial y Ejecutivo, además del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Ministerio Público.

Entre otros mecanismos que utiliza el autoritarismo citó medidas de control de los medios de comunicación y la distorsión de la verdad.

Muchos opinadores en Bolivia coincidieron al señalar que desde que ingresó el Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno se “judicializó la política”, en su beneficio.

Se empleó al TCP como la instancia para la emisión de fallos, tribunal que está compuesto actualmente por magistrados autoprorrogados.