El gremio de la prensa rechaza “expresiones intimidatorias” del Fiscal General contra una periodista y exige su retractación

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y las nueve asociaciones departamentales de periodistas de Bolivia rechazaron este viernes las “expresiones intimidatorias y ofensivas” del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en contra de una periodista de Unitel. Además, esas entidades exigieron su retractación y que garantice condiciones adecuadas para el ejercicio “libre, seguro y sin represalias” del periodismo.

“Exigimos que el Fiscal General del Estado se retracte públicamente de sus declaraciones intimidatorias y que garantice condiciones adecuadas para el ejercicio libre, seguro y sin represalias del periodismo. Su conducta configura un patrón preocupante de hostilidad contra la prensa y constituye un acto de violencia de género inaceptable”, señalan esas entidades asociativas del gremio de la prensa. 

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A través de un pronunciamiento, esas organizaciones señalan que el incidente ocurrió durante una conferencia de prensa en la que Mariaca fue consultado sobre sus presuntos vínculos con el denominado caso consorcio, que destapó una supuesta red de corrupción en el sistema judicial.

“La pregunta formulada -sobre su eventual renuncia ante los señalamientos surgidos en el marco de una grave denuncia de corrupción judicial- se enmarca plenamente en el ejercicio legítimo del periodismo y en el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna, veraz y contrastada sobre los actos de las autoridades nacionales”, señalan las organizaciones citadas.

Agregan que la reacción del fiscal Mariaca, sus acusaciones directas contra el medio de comunicación y las amenazas de iniciar “las quejas correspondientes” contra la periodista, “configuran un acto de amedrentamiento inadmisible y contrario a los principios democráticos y al Estado de derecho”.

“Toda autoridad, más aún quien ejerce un cargo de la jerarquía e importancia del Fiscal General del Estado, tiene la obligación de someterse al escrutinio público, de rendir cuentas de sus actos y de un trato respetuoso y transparente con los periodistas y reconocer la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando pueda resultarle crítica, inconveniente e inoportuna para sus intereses”, señalan las entidades.

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Aseguran que lamentan que lejos de brindar “respuestas claras a una pregunta pertinente sobre su presunta vinculación con una red de corrupción destinada a alterar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal Mariaca optara por descalificar al medio, distorsionar el sentido de la pregunta y victimizarse públicamente, insinuando la existencia de una conspiración en su contra por parte de la red Unitel”.

Las asociaciones consideran que ese comportamiento no sólo resulta impropio de una autoridad estatal de alto nivel, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia.

“Una democracia requiere autoridades que rindan cuentas, medios que pregunten sin temor y periodistas que informen sin ser hostigados. En defensa de esos principios, reiteramos nuestra solidaridad con la periodista de Unitel y con todos los trabajadores de la prensa que, día a día, cumplen su labor pese a las amenazas, descalificaciones y presiones indebidas”, aseguran.