Procurador: “lo más probable” es que Murillo sea deportado, aunque el trámite de extradición está en curso

Ricardo Condori, procurador general del Estado, consideró este lunes que lo más probable es que Arturo Murillo, segundo hombre en importancia durante el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Añez, sea deportado de Estados Unidos. Sin embargo, de manera paralela, dijo que el Gobierno gestiona su extradición.

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“Entonces, lo más probable (es que sea deportado). En este caso (…) se han generado todas las condiciones para que este señor sea deportado y eso implica que hemos remitido toda la documentación vía la diplomacia”, señaló Condori a los periodistas.

El pasado 20 de junio, Murillo, exministro de Gobierno del periodo de transición, fue liberado de la cárcel donde cumplía una sentencia por lavado de dinero y soborno internacional. Ahora, la exautoridad se encuentra en el Servicio de Migración y Aduana a la espera de la determinación de la justicia de migración.

“El juez administrativo o juez de migración verificará su situación jurídica.  Ahora está apunto de asignarle un número para que vaya al centro penitenciario, momentáneamente”, dijo el procurador.

Además, explicó que Murillo puede apelar a cualquier tipo de determinación que asuma la Justicia en referencia a la deportación o extradición.

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“Por un lado, puede darse una deportación express, implica que no existe ningún obstáculo, pero puede darse la figura que el juez pueda aceptar algunas alegaciones. El señor Murillo puede solicitar su asilo o deportación a un tercer país”, mencionó.

El fiscal Omar Mejillones informó que Murillo tiene ocho procesos en la justicia boliviana: dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria, según el matutino Ahora el Pueblo. 

Murillo fue sentenciado dentro de los casos Gases Ecuador y Gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.

La exautoridad también enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y robo agravado. Además, está enjuiciado en los casos Masacre de Senkata y de Sacaba, en cuyas represiones se investiga su presunta responsabilidad.