Ordenan el traslado de Camacho a Santa Cruz para juicio oral por el caso “decretazo”

El juzgado de instrucción de turno dispuso el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro a Santa Cruz para comparecer de manera presencial en el juicio oral previsto para el próximo 25 de julio por el caso denominado “decretazo”.

La determinación llega casi un año y medio de múltiples postergaciones y fue emitida como resultado de una sentencia constitucional, en respuesta a una acción de libertad interpuesta por la defensa de Camacho, luego de que la Dirección de Régimen Penitenciario incumpliera 14 órdenes judiciales previas desde mediados del año pasado.

“Se ha suspendido 14 veces la audiencia por la negativa del director del penal de Chonchocoro a trasladar al gobernador. Esta sentencia ya no admite excusas. Si no se cumple, estaríamos ante un delito por desobediencia a resoluciones constitucionales”, advirtió  Martín Camacho, abogado del gobernador, en declaraciones a El Deber.

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El defensor explicó que la última audiencia judicial se intentó realizar en junio, pero fracasó luego de que la directora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Mariana García, rechazara la compra de pasajes de avión para Camacho, alegando falta de presupuesto, escasez de combustible y bloqueos de caminos.

El proceso judicial se refiere a la aprobación del Decreto Departamental 373, en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de hacerlo en el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece la Constitución y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Para la defensa del gobernador, el próximo viernes 25 de julio será clave: marcará no solo el inicio del juicio por el caso “decretazo”, sino también un precedente en la exigencia del cumplimiento de resoluciones judiciales dentro del sistema penitenciario del país.

Por esa decisión, Camacho es investigado por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.