Fiscal considera que no hay garantías para el traslado de Camacho a Santa Cruz

El fiscal a cargo del caso denominado “golpe de Estado I”, Omar Mejillones, afirmó que no existen garantías de seguridad para ejecutar un posible traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro (La Paz) al penal de Palmasola, para que declare dentro del juicio oral por el caso “decretazo”.

La instrucción de traslado fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° de la capital cruceña, que en fecha 3 de julio de 2025 ordenó el movimiento de Camacho “entre 8 y 10 días antes” de la audiencia fijada para el 25 de julio, con fecha límite el 15 de julio que a esta altura ya se venció.

La medida se tomó en el marco de una acción de libertad concedida parcialmente en su favor. De hecho, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, afirmó que la defensa de Camacho interpretó el fallo y descartó su traslado. Sostuvo que Camacho puede asumir defensa de manera virtual.

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“No hemos sido parte de esa acción de libertad. Seguramente, si corresponde, nos harán conocer nuestros antecedentes, pero a criterio de este proceso (golpe I), considero que es riesgoso que pueda trasladárselo a la ciudad de Santa Cruz por el mismo contexto que ha ocurrido al momento de su aprehensión”, afirmó Mejillones, citado en ABI.

La defensa de Camacho advirtió, ayer miércoles, que el cumplimiento del fallo judicial sigue estancado por “intereses políticos y personales”.

El abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador, afirmó que la demora en la compra de pasajes o la asignación de transporte terrestre es injustificada. “El director del centro penitenciario ya solicitó los pasajes. Lo que correspondería sin excusa alguna es ejecutar ese traslado”, declaró.

Hasta la fecha, desde la Dirección General de Régimen Penitenciario no se emitió un pronunciamiento oficial respecto al cumplimiento o no de la orden judicial.

Mientras, la Procuraduría aclaró que lo dispuesto por el juez en una reciente audiencia fue solo una recomendación administrativa y no así una orden judicial como argumenta la defensa legal de Camacho.