martes 24 de febrero de 2026

Polémica

Caso tiktoker: Defensor condena el uso desproporcionado del poder y constitucionalista dice que no cometió ningún delito

"No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana”, dijo Callisaya desde sus redes.
Una vigilia en Santa Cruz exige la liberación de Juan Carlos Villafuerte. Foto: Mercedes Fernández / Asuntos Centrales
Una vigilia en Santa Cruz exige la liberación de Juan Carlos Villafuerte. Foto: Mercedes Fernández / Asuntos Centrales

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, condenó “el uso desproporcionado del poder punitivo del Estado” en la detención de Juan Carlos Villafuerte, creador de contenido dedicado a las finanzas y criptomonedas, mientras que el abogado constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que las expresiones del joven no han producido ningún daño al sistema financiero y por lo tanto no pueden ser consideradas como delitos.

“Condenamos el uso desproporcionado del poder punitivo del Estado en la detención de Juan Carlos Villafuerte por la presunta comisión del delito de difusión de información financiera falsa.  No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana”, expresó Callisaya desde sus redes.

@vision360.bo Sheila Gómez, delegada Defensorial departamental de Santa Cruz, visitó al tiktoker Juan Carlos Villafuerte y aseguró que la entidad investigará los detalles de su detención. La ASFI lo acusa por el delito de difusión de información financiera falsa. 🟠 #Visión360 #bolivia🇧🇴 #noticias #tiktoker @v1llafuerte_19 ♬ News - Music For Business & Pedreiro Apaixonado

La aprehensión del tiktoker ha levantado cuestionamientos sobre la libertad de expresión y la posible existencia de abuso de autoridad. Villafuerte fue aprehendido el martes 29 de julio, por la supuesta difusión de información financiera falsa, tras haber afirmado en sus videos que “peligran los bancos en Bolivia” y que el dinero en ellos se estaba “perdiendo”.

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“Las investigaciones deben ser transparentes, sin vulnerar derechos humanos. Estamos realizando el seguimiento al caso velando por su integridad física y el debido proceso”, añadió el defensor.

La Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) justificó su denuncia basándose en el artículo 363 del Código Penal, que sanciona con penas de 5 a 10 años la difusión de información que induzca a retiros masivos o dañe la estabilidad del sistema financiero.

La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, indicó este miércoles que "Villafuerte estaba instando a hacer retiros de entidades financieras. En virtud a esos tik toks que se han elaborado, la ASFI ha hecho la denuncia ante las instancias judiciales que corresponden".

Pero el constitucionalista Santistevan aseguró que actos del creador de contenido “están garantizados por el artículo 106.II de la Constitución y no están tipificados como delitos en la ley de servicios financieros 393 y el código penal vigente. No se explican los actos del fiscal que libra apremio sin cumplir las normas del debido proceso”.

“Este no es un caso de terrorismo financiero y no afecta en absoluto la estabilidad económica y financiera del país y de los bancos y entidades financieras. El inciso f) del art. 491 (delitos financieros) difusión de información financiera falsa no se adecua a la conducta del tiktoker, porque no ha producido ningún daño al sistema financiero ni a los bancos. Esa información que él dio la sabemos todos sobre el dólar paralelo”, expresó Santistevan a Asuntos Centrales.

Andrés Ritter, abogado de Villafuerte, calificó de ilegal y arbitraria su detención por supuesta difusión de información financiera falsa. “Mañana podrían arrestar a una ama de casa por decir que la carne subió o a un transportista por decir que no hay diésel”, advirtió, denunciando un grave atentado contra la libertad de expresión.

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En tanto, la madre de Villafuerte denunció que su hijo fue “secuestrado” sin una citación previa, calificando el hecho como un “atropello” y exigiendo su liberación inmediata, además de rechazar su traslado a La Paz, donde aparentemente radica el caso. Su abogado, Andrés Ritter, corroboró que la detención se produjo sin el debido proceso.

La aprehensión ha llevado a organizaciones como la Asociación de Periodistas a cuestionar la “criminalización del ejercicio de la libertad de expresión”.

Influyentes activistas en redes sociales han definido la acción judicial como "persecución" y califican al joven Villafuerte como “preso político”, sobre todo por sus posiciones críticas contra algunos funcionarios públicos.

También se han leído cuestionamientos a la directora de la ASFI, como este: “¿Por qué actúa así con el tiktoker y evade preguntas sobre el millonario crédito bancario otorgado a uno de los hijos del presidente Arce?”. 

Otro cuestionamiento apunta al sistema de administración de justicia: "¿Por qué tanta mano dura con el joven tiktoker y porqué tanta mano blanda con acusados de delitos más graves y algunas órdenes de aprehensión que no se ejecutan?".

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