Viceministro Aguilera dice que Murillo pidió ser deportado a un tercer país, pero EEUU no accedió

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, sostuvo este miércoles que el exministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, pidió ser deportado a un tercer país que no sea Bolivia -aunque no precisó de qué país se trata-, pero Estados Unidos no accedió. 

“La coordinación (de su traslado) se sustenta en la expulsión que ha decidido Estados Unidos, pues como sabemos pese a que él ha pedido ser deportado a un tercer país, la autoridad migratoria de EEUU ha negado esa posibilidad disponiendo su devolución al país”, expresó Aguilera a los periodistas.

Está previsto que Murillo arribe al país este jueves a las 4.55, y luego será trasladado a la Fiscalía Departamental, donde deberá brindar su testimonio. La exautoridad debe responder por al menos ocho procesos penales, de los que dos, por los hechos de Sacaba y Senkata, ya tienen sentencia.

Aguilera detalló que el traslado se está coordinando con autoridades de EEUU en el país y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) serán los encargados de custodiar su llegada de Santa Cruz a La Paz.

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Antes, este lunes, el ministro de Gobierno confirmó que el exministro será deportado por Estados Unidos y precisó que la exautoridad tiene dos sentencias que cumplir en el territorio nacional. Tras arribar al aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, será aprehendido y será trasladado a la ciudad de La Paz.

Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de Añez.

Murillo cuenta con dos sentencias ejecutoriadas en Bolivia. La primera, por el denominado caso “Gases Ecuador”, se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país y contempla una pena de cinco años y cuatro meses. La segunda, por el caso de los “gases lacrimógenos”, involucra una compra con sobreprecio que generó un daño económico millonario al Estado y le valió una condena de ocho años.