Dan 48 horas al Estado y a gobiernos locales para asumir medidas preventivas contra los incendios y rendir cuentas

El Tribunal Agroambiental (TA) emitió un nuevo fallo histórico al conminar a las autoridades de los gobiernos nacional y descentralizados a que rindan cuentas por las acciones que debieron asumir para prevenir los incendios forestales, así como se les ordenó establecer nuevas medidas cautelares para evitar el incremento de estas emergencias. Además de observar la "omisión" en los deberes de las autoridades, ordenó equipar y proteger la salud de los bomberos voluntarios.

Después de seis horas de audiencia, en la que participaron importantes personalidades e instituciones relacionadas al medio ambiente, a la academia, derechos humanos y a la protección, además de representantes del Gobierno, el Tribunal determinó "conminar el cumplimiento de la resolución del 29 de agosto, bajo prevención de que si no lo hicieran, se emitirán obrados al Ministerio Público para procesar a las autoridades por inclumplimiento de resoluciones", señaló el presidente del TA, Richard Mendez Rosales, en conferencia de prensa.

Puntualizó en que, desde esa fecha, se han incrementado los focos de calor e incendios en todo el país y recordó que "el 60% es en tierras fiscales y áeas protegidas, por lo que hay una omisión en su labor preventiva y de mitigación ambiental", dijo.

La demanda iniciada por siete jóvenes, en Sucre, derivó en que el TA tome estas decisiones, que además desestimaron las impugnaciones presentadas por el Gobierno y los agroempresarios, y sumaron voces e instituciones en torno a la lucha contra los incendos y el ecocidio que causan cada año.

Una medida que también llama la atención y se da pro primera vez en Bolivia, es la orden de equipamiento para los bomberos voluntarios que, en todos los casos de incendios, se presentaron a combatir el fuego con recursos limitados. La resolución señala que también se debe velar por su salud a partir de alguna cobertura médica.

"Se ha tomado la determinación de que el nivel central del Estado pueda dotar de las condiciones a los bomberos ambientales y en particular a quienes asumen esa condición en una labor altruista y deben generarse todas las condiciones necesarias para que puedan llevar adelante esa labor y se garantice por su puesto la vida de estos bomberos voluntarios, específicamente voluntarios", dijo el Magistrado.

Conozca las medidas

Ante las pruebas y argumentos presentados, como la cantidad de áreas afectadas, el número de animales muertos, los efectos en la biodiversidad, así como en el endemismo regional, los efectos en la población, el cmbio climático y la disposición del agua, entre muchos otros efectos negativos para las regiones, para toda Bolivia y el mundo, el Tribunal Agroambiental determinó la aplicación de nuevas medidas preventivas.

Entre las principales disposiciones se estableció:

1. El Tribunal otorgó un plazo improrrogable de 48 horas a autoridades y Entidades Territoriales Autónomas para cumplir plenamente las medidas cautelares de la Resolución SP-TAA 002/2025-AA. En caso de incumplimiento, se derivará el caso al Ministerio Público para iniciar proceso penal y se aplicarán medidas progresivas y coercitivas de carácter económico.
2. Se instruye a los jueces agroambientales del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente en Chiquitanía, Amazonía y Chaco, a activar su competencia ambiental cautelar de oficio para supervisar el cumplimiento de la Resolución N° 002/2025. Deben exigir informes detallados sobre planes de mitigación y sofocación de incendios forestales y supervisar su ejecución. La disposición es enunciativa, no limitativa, dada la emergencia nacional por incendios. Se instruye la programación de inspecciones de oficio en áreas de mayor incidencia y riesgo de daño ambiental, pudiendo efectuarse con el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental, según la Guía de Peritaje Ambiental vigente.
3. En relación a los Defensores Ambientales, la sociedad civil organizada y toda persona individual o colectiva, deberá asumir su rol protagónico de defensores de la Madre Tierra y sus componentes, a través de acciones concretas de protección, conservación, mitigación y todas aquellas conducentes a la efectivización de las medidas cautelares dispuestas.
4. Considerando que los bomberos voluntarios son reconocidos como Defensores Ambientales, en el marco del art. 9 del Acuerdo de Escazú, se exhorta al Nivel Central del Estado y a las instancias legales competentes a garantizarles la provisión de insumos, así como la cobertura de sus necesidades operativas, de seguridad, legales y de bienestar.
5. Se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para que en el marco de sus competencias, iniciar las acciones legales o constitucionales conducentes a la revisión, análisis y armonización de normas en vigencia que encuentran observadas por la sociedad civil organizada, en particular las Leyes N° 741,1171 y otras, con la finalidad de generar un marco jurídico que concuerde con el desarrollo productivo con la protección de los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de otros seres vivos, sea conforme a normativa legal vigente, los estándares internacionales vigentes y las recomendaciones del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de derechos humanos.
6. Ante la omisión legislativa, se recuerda a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, conforme al artículo 203 de la CPE, deberá cumplir lo determinado por la SCP 17/2019 de 24 de abril de 2019, la cual exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a analizar, considerar y sancionar una ley especial de la jurisdicción agroambiental dentro del plazo de seis meses desde la notificación de la presente sentencia, así como lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley N° 025, en relación con la aprobación de la Ley Especial de la Jurisdicción Agroambiental.
7. Que el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley N° 025, designe a las y los Juezas y Jueces Agroambientales para cubrir todas las acefalías existentes en el territorio nacional, recurriendo a la lista de egresados habilitados de la Escuela de Jueces del Estado o mediante convocatoria, a la brevedad posible, a fin de cumplir con lo determinado en estas medidas cautelares. Asimismo, se exhorta designar personal técnico de apoyo necesario para el funcionamiento óptimo de dichos juzgados, garantizando el servicio de justicia agroambiental.
8. Asimismo, en la vía de seguimiento, cumplimiento y supervisión de determinación de las medidas cautelares, preventivas y precautorias solicitadas se aclara que estas podrán ser modificadas, ampliadas, o dejadas sin efecto cuando hubieran cumplido su finalidad, pudiendo también esta Sala Plena del Tribunal Agroambiental disponer otras que mejor convengan a los efectos de prevenir y sofocar los incendios forestales.

Entre otros puntos imporantes, Méndez informó que "adicionalmente se ha incorporado la protección de la defensora ambiental, Daniela Orihuela Arratia, que en audiencia ha sido aludida como violencia psicológica por una autoridad del Gobierno", por lo que le brindaron la protección inmediata.

La determinación fue informada en conferencia de prensa por el Presidente del TA, acompañado del Decano, magistrado Víctor Hugo Claure Hinojosa y las magistradas Roxana Chávez Rodas y Rocío Vásquez Noza.