Dirigentes cívicos exigen segunda vuelta sin guerra sucia y comienzo del pacto fiscal

Los dirigentes cívicos de todo el país acordaron, tras una reunión realizada este martes en Cochabamba, solicitar que la segunda vuelta de las elecciones generales se lleve a cabo sin guerra sucia. Además, exigen que el próximo Gobierno inicie el proceso del pacto fiscal, garantice el suministro de combustible y que el Tribunal de Justicia asegure la independencia de los poderes.

El encuentro contó con la presencia física de cinco líderes cívicos, mientras que dos representantes, de Pando y Beni, participaron de forma virtual debido a problemas logísticos que les impidieron viajar. Los líderes de Santa Cruz y Chuquisaca no asistieron.

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El acta de conclusiones está compuesta por siete puntos clave. El primero consiste en “exigir al Gobierno nacional y a las instancias competentes el inicio inmediato del proceso de revisión del pacto fiscal, tomando como base los resultados oficiales del Censo 2024, con el fin de garantizar una distribución equitativa de los recursos en cada departamento y municipio, que permita a todas las regiones ejercer sus autonomías de manera efectiva”.

En este mismo punto, se solicita a las autoridades del Gobierno que elaboren una propuesta técnica para el pacto fiscal, con la participación de los cívicos, que sea presentada al Consejo Nacional de Autonomías en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda, es decir, desde el 28 de agosto.

El segundo punto se refiere a la campaña electoral de la segunda vuelta. Los representantes hacen un llamado a todas las organizaciones políticas para que la campaña se lleve a cabo con transparencia, respeto y sin recurrir a estrategias de desprestigio o desinformación. Además, exhortan a las organizaciones políticas a continuar con el control del voto en cada recinto electoral “para garantizar la transparencia y evitar fraudes”.

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Los demás puntos solicitan que el Gobierno garantice el suministro de combustibles en el país y que los actuales legisladores nacionales no aborden la revisión de los contratos de litio. Finalmente, en el sexto inciso se “propone a la próxima gestión de Gobierno y legislatura la restitución constitucional del nombre de la República de Bolivia”.