Caso “Saracho Fest”: Fiscalía amplía investigación por tráfico de influencias y cita a 12 personas

Al menos 12 personas fueron citadas a declarar y no se descarta ampliar la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso de la muerte de una joven durante un concierto musical en el colegio Juan Misael Saracho, informó el fiscal departamental Aldo Morales.

“Para hoy y mañana están programadas aproximadamente 12 declaraciones informativas. De esos testimonios pueden surgir nuevos nombres, lo que derivaría en más imputaciones y aprehensiones. Estamos en la fase preparatoria y vamos a llegar a la verdad material de este trágico hecho”, aseguró Morales, según ABI. 

El suceso ocurrió la noche del 21 de septiembre, durante el concierto musical, cuando una avalancha humana aplastó a una joven, causándole la muerte, y dejó a otra persona en terapia intensiva.

Entre las personas citadas se encuentran profesores, padres de familia y funcionarios municipales involucrados. La investigación también alcanza a una concejal.

Uno de los hechos que se indagan es la presunta intervención de una concejal municipal, quien, según versiones preliminares, habría realizado una llamada telefónica para presionar y autorizar el uso irregular del establecimiento educativo.

“Se está investigando ese tema. Presuntamente, una autoridad edil habría influido para que se emita una orden irregular desde la alcaldía. Todos esos extremos serán verificados”, anticipó el fiscal.

Además, se investiga el rol de un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, denunciado penalmente, tras confirmarse que autorizó el cobro de una patente municipal a los organizadores del evento sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el reglamento para el uso de infraestructuras educativas fiscales.

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La Fiscalía cuenta con documentación clave que comprometería a varias personas.

Hasta el momento, dos personas, la directora de la unidad educativa y el cantante del grupo musical, fueron imputadas. El músico tiene medidas sustitutivas, como arraigo, fianza económica y firma periódica ante el Ministerio Público, mientras que la directora cumple detención domiciliaria con derecho al trabajo.

No se descarta que surjan nuevas detenciones preventivas, tomando en cuenta que el evento se realizó en un espacio no autorizado y con un aforo que superó en un 300 % la capacidad del local, según imágenes analizadas por los investigadores.

Inicialmente, el caso fue abierto por homicidio culposo, pero con el avance de las investigaciones se ampliaron los cargos a uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias.