Presidente del TSJ presenta denuncia contra magistrados "autoprorrogados" del TCP por presunta usurpación de funciones

Este martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó una denuncia formal contra cinco  magistrados "autoprorrogados" del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por los presuntos delitos de usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Esta acción se produjo un día después de que pidiera públicamente la renuncia de las autoridades observadas, a quienes acusó de dañar la democracia.

"Actualmente hay personas que están usurpando funciones que ya no les compete y además de ir en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado", se lee en una parte del documento, publicado por la red Cadena A. 

Además, la denuncia incluye el pedido de activar una alerta migratoria contra los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.

Mediante el documento, Saucedo explicó que las funciones de los magistrados acusados concluyeron legalmente el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, al haber emitido el Auto Constitucional 49/2023 y continuar en funciones de manera ilegítima e ilegal, habrían adecuado su conducta a los tipos penales previstos en los artículos 153 y 163 del Código Penal.

Según el artículo 153, referente a resoluciones contrarias a la Constitución, los magistrados denunciados habrían dictado disposiciones “arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado”, afectando los intereses del Estado y vulnerando el orden constitucional.

En cuanto a la usurpación de funciones, tipificada en el artículo 163 del Código Penal, la denuncia sostiene que los magistrados continúan ejerciendo un cargo para el cual ya no tienen mandato, de acuerdo con el presidente del TSJ.

En el documento presentado se exige que el Ministerio Público investigue la emisión del Auto Constitucional 49/2023, ya que, según la denuncia, esta resolución "impidió el cambio de autoridades judiciales conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado", destacando además que el mandato de los vocales es de seis años.

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El lunes, el presidente del TSJ acusó a los magistrados prorrogados del TCP de haber causado daño a la democracia. Les instó a renunciar o a esperar ser cesados de sus cargos mediante una ley ya aprobada en el Senado, la cual será tratada próximamente en la Cámara de Diputados.

“Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, señaló Saucedo en su cuenta de “X”.

El presidente del TSJ afirmó que una de las instituciones que más daño le ha hecho a Bolivia y a la democracia es el TCP, “a través de los magistrados autoprorrogados”.

"No podemos permitir que un puñado de personas destruya la institucionalidad. La Asamblea Legislativa ya aprobó en el Senado una ley para cesar su mandato, y actualmente falta su consideración en la Cámara de Diputados", aseguró en su publicación.

Horas después, los presidentes del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Agroambiental (TA) manifestaron su respaldo al pedido de Saucedo para "recuperar la institucionalidad" del Órgano Judicial.