Fiscalía remitió la denuncia contra los autoprorrogados a la Asamblea Legislativa, instancia que debe resolver la causa

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público recibió la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que esta fue remitida a la presidencia de la Cámara de Diputados, ya que la Fiscalía no tiene competencia para juzgar a esas altas autoridades.

“La comisión de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca analizó los antecedentes en otras decisiones fiscales y jurisdiccionales y la fiscal analista ha determinado remitir la denuncia ante la Asamblea Legislativa, ante la presidencia de la Cámara de Diputados. La sala penal de Chuquisaca ha determinado la incompetencia en la vía ordinaria para procesar a las autoridades del TCP”, sostuvo Mariaca, en una conferencia de prensa.

Lee también: Presidente del TSJ presenta denuncia contra magistrados "autoprorrogados" del TCP por presunta usurpación de funciones

El fiscal explicó que es esa instancia, conforme a lo que mandan las leyes y la Constitución, la que debe considerar el procesamiento de los magistrados.

Ayer, martes, Saucedo interpuso una acción judicial contra los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, por “usurpación de funciones”, ya que cumplieron su mandato en diciembre de 2023 y extendieron sus funciones con una resolución aprobada por ellos mismos.

"Hay personas que están usurpando funciones que ya no les compete y además de ir en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado", dice una parte de la acción penal que presentó el titular del TSE.

Mariaca indicó que esa acción está sustentada por la Ley 044 (Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República), y conforme a otras resoluciones que han marcado una jurisprudencia “para que sea la Asamblea la que pueda resolver la situación jurídica de los denunciados”.