Presentan nueva acción popular en Beni contra magistrados autoprorrogados y contra los electos

Una acción popular presentada en Beni que busca la suspensión de los magistrados “auto prorrogados”, así como de las autoridades que fueron elegidas en las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

Este fue presentado por el abogado Percy Claure Cuellar y está bajo la jurisdicción de la Sala Constitucional Segunda del Beni, que es presidida por el vocal Charles Mejía. Aunque la audiencia que estaba programada para el jueves fue suspendida y el proceso continúa abierto.

Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura expresaron su preocupación por el impacto que esta demanda podría tener en el Órgano Judicial.

Laura observó un posible conflicto de intereses en este caso, pues indica que el demandante, Claure, es abogado del vocal Charles Mejía, quien debería excusarse del proceso según lo estipulado en el Artículo 20 del Código Procesal Constitucional.

“Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y acciones de amparo constitucional que se han presentado, lo que demuestra que existe una relación con él”, afirmó Laura, citada en La Patria.

La demanda se basa en la supuesta vulneración de los derechos colectivos a la seguridad jurídica ya la institucionalidad democrática.

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Esto se relaciona con la autoprórroga de los magistrados salientes, que incluyen a Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas, entre otros.

El recurso de Claure solicita declarar la nulidad de todos los actos emitidos después del 31 de diciembre y el cese de funciones de todos los magistrados elegidos en 2024.

Además, se insta a la Asamblea Legislativa a llevar a cabo un nuevo proceso de preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un plazo no mayor a 90 días.

La magistrada Prudencio rechazó estos argumentos, apelando al principio de preclusión del proceso de preselección ya la voluntad popular. “Pretenden desconocer el voto popular porque alegan que en la etapa de preselección hubo irregularidades”, concluyó Prudencio.

Reforma judicial y uso de la fuerza

Luego de conocerse la acción popular presentada en Beni para descabezar a todo el Órgano Judicial, los diputados que conformarán la próxima Asamblea Legislativa afirmaron que ya tienen los consensos necesarios para impulsar una elección judicial que complete el TCP, aunque barajan la otra alternativa, la reforma judicial.

"Aquí hay muchas salidas, pero la primera salida es sacarlos con fuerza pública, luego nosotros seguramente en coordinación de bancadas con el presidente vamos a tomar la decisión. En base a los criterios que se manejen, existen los consensos necesarios, lo importante es recuperar el estado de derecho", dijo el diputado Alejandro Reyes a El Deber, uno de los pocos legisladores que repetirán mandato, esta vez de la mano de Unidad.

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El 6 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió la renuncia de los cinco autoprorrogados del TCP y advirtió con acciones que luego se plasmaron en hechos pues presentó su denuncia ante el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Éste lo remitió a la Asamblea para que se inicie un juicio de responsabilidades contra los cinco magistrados que prorrogaron su mandato con una resolución aprobada por ellos mismos.

Esa acción mereció la crítica inmediata de distintos sectores pues los legisladores consideran que después de diciembre de 2023 el mandato de los autoprorrogados es ilegal, por tanto, no merecen un juicio de privilegio sino un juicio ordinario.

Esa acción sucedió el 8 de octubre pasado y este 22 se presentó la acción popular en Beni contra las cabezas del Órgano Judicial.