Los argumentos del Fiscal para pedir la detención preventiva de 3 funcionarios de Baisa

La imputación formal del Fiscal Romualdo Almonte Blanco en contra de tres funcionarios de Baisa, la empresa que administra el club Bolívar, concluye que Eduardo Valdivia, Juan Carlos Campero y Cristina Rocha “desempeñan o desempeñaban diferentes cargos y todos ellos estaban directamente vinculados con las transferencias” de dinero que arrojan un daño económico de 2.043.113 bolivianos en contra de esa entidad.

El abogado Almonte Blanco presentó la imputación ante el juez primero de instrucción en lo penal, anticorrupción y contra la violencia hacía la mujer de la zona sur de La Paz, en la que pide la detención preventiva de Valdivia, Campero y Rocha.

Sports 360 accedió al documento de imputación en la que se detalla la condición en la que se encuentran los imputados dentro del proceso de investigación:

JUAN CARLOS CAMPERO, se encuentra LIBRE mismo que prestó su declaración informativa.

EDUARDO ALEJANDRO VALDIVIA MEDLING, se encuentra LIBRE mismo que prestó su declaración informativa.

CRISTINA FERNANDA ROCHA IBAÑEZ, se encuentra LIBRE misma que NO prestó su declaración informativa empero a ello se tiene un acta de ABSTENCIÓN. cursante en el cuaderno de investigaciones.

Los tipos penales endilgados a los sindicados

El Fiscal Almonte Blanco subraya que existió manipulación informática en el supuesto desfalco que sufrió el club Bolívar en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024.

“La manipulación informática está tipificado y sancionado en el Art. 363 bis del Código Penal…será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días”.

La autoridad se refiere también a la agravación en caso de víctimas múltiples tipificado y sancionado en el Art. 346bis del CP.  Cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres a diez años y con multa de cien a quinientos días”, cita la imputación.

Las acciones de los sindicados

Según la imputación formal que presenta el Fiscal Romualdo Almonte, estas fueron las acciones de los sindicados y en los que argumenta su pedido de detención preventiva:

Juan Carlos Campero Martínez, “cumplía funciones de director financiero, es decir dentro de sus funciones ejercía el control de todas las operaciones que se generaban tanto ingreso y pago de proveedores, además de ejercer supervisión sobre las actividades de sus dependientes contables, en este caso los sindicados, además no haber advertido, irregularidades sobre la manipulación informática, coadyuvando en estas irregularidades, toda vez que al ser el principal funcionario del área contable, no advirtió las irregularidades contables.

Eduardo Alejandro Valdivia Medling, siendo que el mismo en su condición de gerente general, quien autorizaba cada transacción financiera, es decir aprobaba cada transacción financiera, es decir conocía los movimientos irregulares contables respecto a la manipulación informática. asimismo, conforme respuesta requerimiento fiscal del Banco Bisa, él se encontraría autorizado en la firma en las cuentas del Club Bolívar y por las declaraciones prestadas por funcionarios de la empresa Bolívar se tiene que él sr. Valdivia tenía pleno conocimiento de los movimientos y depósitos realizados de las cuentas del club Bolívar. el mismo debería haber estado enterado y haber fiscalizado los movimientos bancarios del Club Bolívar.

Cristina Fernanda Rocha Ibáñez, la cual en su condición de asistente de tesorería y principal dependiente del sr. Jorge Luis Callizaya Montenegro, tenía pleno conocimiento de todas las operaciones contables que realizaba el sr. Callizaya respecto a la manipulación informática y la misma no denunciaba ninguno de ellos.

Lo que viene

Se pudo conocer que el juzgado debe notificar en los siguientes días de manera personal a los sindicados y posteriormente se fijará día y hora para la audiencia donde el Fiscal reiterará su pedido de detención preventiva “por el lapso de dos meses en el recinto penitenciario de San Pedro para los señores Campero y Valdivia”, mientras que Cristina Rocha se solicitará que sea recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

“Esto con la única finalidad de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley en ese lapso de tiempo”, concluye el fiscal.

La entidad celeste no emitió ningún comunicado sobre este delicado caso de desfalco a sus arcas.