De acusadora a acusada: el giro efímero del poder de Lydia Patty

“Vine a declarar y me aprehendieron… Son mentiras de lo que me acusan”. Con esas palabras, Lydia Patty rompió el silencio al enfrentar a la prensa, esta vez no como impulsora de denuncias, sino como protagonista de una investigación en su contra. La escena, tan simbólica como inevitable, se volvió espejo de un ciclo político que parece repetirse una y otra vez en la historia reciente del país.

Ataviada con su traje típico —símbolo que durante años distinguió a quienes gobernaban en nombre de los pueblos indígenas—, Patty descendió del vehículo blanco rodeada de cámaras y micrófonos. Los mismos medios que antes buscaban sus declaraciones para sustentar acusaciones contra opositores, hoy la interpelan en sentido contrario. La balanza del poder, como siempre, demuestra ser volátil y caprichosa.

Lo que vive hoy Lydia Patty nos recuerda lo efímero del poder. Aunque en este caso su entorno político lo detentó durante dos décadas, la hora de rendir cuentas siempre llega. Y no se trata de celebrar desgracias ajenas: se trata de entender que quienes usan el poder para perseguir o proscribir al contrario deberían recordar el viejo refrán: “no hagas lo que no quieres que te hagan”.

Durante años se instaló la idea de que los pueblos indígenas constituían la “reserva moral” del país. El discurso pretendía englobar a todos quienes representaban esa identidad, pero en la práctica terminó beneficiando a unos pocos que, bajo ese paraguas simbólico, administraron millones en recursos. Hoy, Patty figura entre las personas investigadas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Fondo Indígena, un caso que durante el gobierno del MAS nunca fue esclarecido plenamente y que recién fue reactivado con la llegada de Rodrigo Paz al poder.

El proceso contra Patty revive uno de los episodios más oscuros de la era de Evo Morales: el presunto desvío de recursos destinados al desarrollo de comunidades rurales. Según las investigaciones, los proyectos presentaban un avance físico del 50%, pero habían recibido hasta el 80% de los desembolsos. Parte de esos recursos —afirman los fiscales— habría terminado en cuentas personales de la exlegisladora.

Patty sostiene que todo se trata de persecución política, del mismo modo que en su momento lo afirmaron el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Añez, a quienes ella misma impulsó a procesar bajo el controvertido caso “Golpe I”.

La investigación contra la exvicecónsul en Argentina, acusada de administración irregular de recursos públicos, no solo la vincula con un presunto daño económico que superaría el millón de bolivianos, sino que también reabre heridas políticas aún sensibles en el país.

Y aunque su caso hoy acapara titulares, hay un nombre que no puede quedar sepultado en el olvido: Marco Antonio Aramayo. Exdirector del Fondo Indígena y principal denunciante, Aramayo murió el 19 de abril de 2022 tras haber pasado siete años como preso preventivo, con más de 80 procesos abiertos y sin ninguna sentencia ejecutoriada. Su muerte se transformó en símbolo del abuso de poder y de un sistema judicial cooptado. Su “pecado” —como muchos lo resumen— fue destapar la corrupción dentro de la misma instancia a la que había sido designado.

Aramayo encarnó la demostración más cruda de la instrumentalización de la justicia: audiencias vergonzosas, falta de garantías, presunción de inocencia ignorada. Su historia debería bastar para recordar que la justicia en Bolivia no puede seguir siendo un botín político.

Por eso, si algo exige este nuevo capítulo es claridad: es hora de rendir cuentas, sí, pero ante una justicia verdaderamente independiente, una justicia que no favorezca a nadie por afinidad política ni por revancha partidaria. Solo así podrá reconstruirse la confianza en un sistema que ha sido utilizado —demasiadas veces— como arma y no como institución.

El caso Patty no es el primero ni será el último. Pero puede convertirse en un punto de inflexión si nos atrevemos a exigir que la verdad se investigue sin manipulaciones, sin venganzas y sin privilegios. El país ya ha pagado demasiado caro por las distorsiones de un poder que, cuando se cree eterno, termina destruyendo vidas, instituciones y memorias. Y, tarde o temprano, también destruye a quienes lo ejercen.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360