Ampliado de la COB exige eliminar anteproyectos de ley antibloqueo y declara enemigos a parlamentarios proyectistas

El ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB), realizado en la ciudad de Sucre, decidió hoy exigir al Gobierno la eliminación de los anteproyectos de ley antibloqueos; además, declaró como “enemigos del pueblo boliviano” a los parlamentarios proyectistas.

“Exigimos la eliminación de todos los anteproyectos de ley nefastos, antiobreros y anticonstitucionales, en especial el proyecto de ley antibloqueos”, señala el punto segundo del documento.

Además, el ampliado nacional de la COB “declara como enemigos del pueblo boliviano a los parlamentarios proyectistas, por proponer la penalización de los bloqueos”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en mesa, al menos, tres proyectos de “ley antibloqueos”, que fueron presentados por los diputados de Unidad, Carlos Alarcón y Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y la senadora por Súmate, Claudia Ballón.

Los anteproyectos de ley plantean que se penalice este tipo de protesta en el país, por los perjuicios que provoca esa medida de presión. Los documentos buscan ser socializados con las organizaciones sociales y la población civil.

En el voto resolutivo de 19 puntos aprobado, al que se dio lectura en una conferencia de prensa, la COB decidió mantenerse en “pie de lucha” y mantener el “estado de emergencia”.

También propone trabajar en proyectos de ley para sancionar drásticamente a autoridades políticas que no cumplan acuerdos y promesas electorales, que generen convulsión social por su irresponsabilidad.

Entre ellos menciona: la eliminación de la renta vitalicia, la eliminación de todas las comodidades y beneficios que gozan los mal llamados padres de la patria, y el referéndum para la reducción de sueldos a parlamentarios y altos cargos políticos.

La COB también decidió llevar a cabo, a la brevedad posible, el ampliado de integración nacional con las instituciones afiliadas y no afiliadas a la COB, para fortalecer el documento histórico “Bolivia no se vende”.

Además, decidió la “expulsión con veto e ignominia a quienes se vendieron a los gobiernos de turno e hicieron traición a la clase obrera”.

La organización sindical demanda la reposición del aumento salarial por la pérdida del poder adquisitivo y rechaza de forma categórica cualquier intento de descentralizar la educación y la salud.