Mandarinas
“Una ciudadela de la minería ilegal”: así describen las autoridades el campamento que operaba entre Bolivia y Brasil
(Este es un contenido original de Mongabay Latam)
En la comunidad Mandarinas, en plena frontera entre Bolivia y Brasil, llaman al cerro San Simón el “Cerro Rico de San Simón”. Es en referencia al cerro de plata ubicado en la ciudad de Potosí que en época colonial fue saqueado por españoles por su riqueza en minerales, una que todavía conserva. Del cerro San Simón no sacan plata, sino oro, manganeso y piedras preciosas. Allí se asentó una supuesta organización criminal que realizaba minería ilegal. Tras un operativo realizado el 7 de febrero, diez brasileños quedaron detenidos por las autoridades bolivianas. Otros involucrados lograron huir.
Mandarinas es una localidad alejada y de difícil acceso. Está en el municipio de Baures, en el departamento de Beni, en la llanura amazónica boliviana. Su camino de ingreso y salida es por el departamento de Santa Cruz. Está a orillas del río Iténez, una frontera natural de 970 kilómetros con Brasil. En un punto del afluente, la minería ilegal dañó el cauce natural y también afectó a indígenas baures que habitan en las orillas del Iténez, según confirmó la Armada Boliviana a Mongabay Latam.
Fernando Vaca, un ex senador boliviano y activista ambiental, explicó a Mongabay Latam que la minería aurífera en las zonas del Cerro San Simón, Cafetal, Tiquín, Mandarinas y Remanso –todas en el departamento de Beni- está desarrollada con “escandalosos niveles de impunidad e ilegalidad”. El exlegislador detalló que las cooperativas y empresas privadas se disputan las cuadrículas de explotación como si hubiesen conseguido contratos de operaciones de manera legal.
“Todo tiene que ver con la minería ilegal que se genera ante la inacción de las instituciones del Estado; mejor dicho, allá no hay Estado. El departamento del Beni insistentemente exige y pide al Gobierno [central] atención para sus fronteras y cuidado de la soberanía nacional y de sus riquezas”, afirmó Vaca.
El exsenador añadió que pobladores de la comunidad Remanso se contactaron con él para transmitirle su preocupación por la violencia que originó la minería ilegal. “Asesinaron a un joven a inicios de este mes [febrero] y los culpables andan tranquilos”, dijo. Vaca agregó que los ciudadanos bolivianos del lugar son los que menos aprovechan las ganancias de la actividad minera y “que los que realmente se metieron a extraer oro boliviano son brasileros: ‘Lo sacan y se lo llevan, nadie les cobra nada’”, según le relataron al activista.
Jaime Cuéllar, abogado experto en minería legal e ilegal, relató a Mongabay Latam que la situación en el cerro San Simón y en la cuenca del río Iténez no puede analizarse como un hecho aislado. El analista afirmó que en esta zona existe un fenómeno estructural que combina economías ilícitas, control territorial, presencia transnacional y vacíos críticos de gobernanza estatal.
Cuéllar dijo que el cerro San Simón es un enclave minero y que allí se consolidaron nuevas dinámicas criminales impulsadas por la minería ilegal. “La cuenca del Iténez se consolida como un nuevo eje de expansión aurífera, particularmente impulsada por operadores extranjeros, en su mayoría ciudadanos brasileños, que aprovecharon la porosidad fronteriza y la debilidad del control estatal”, dijo.
Crimen organizado expande las fronteras de la minería ilegal en Bolivia
Según Cuéllar, esta situación revela un “patrón preocupante”: la minería ilegal en Bolivia ya no se limita a zonas históricas como el norte de La Paz o determinadas áreas del río Madre de Dios, sino que inició un proceso de desplazamiento estratégico hacia regiones con baja densidad institucional, escasa presencia de fuerzas de seguridad y limitada capacidad de fiscalización.
“Este fenómeno responde a una lógica propia del crimen organizado. Cuando aumenta la presión en un territorio, la actividad ilícita migra hacia espacios con menor riesgo operativo. Las consecuencias estratégicas de esta situación son significativas. En términos de seguridad nacional, la consolidación de enclaves extractivos ilegales en zonas fronterizas o remotas genera economías paralelas”, consideró el abogado.
Es por eso que el 7 de febrero se realizó un operativo en esa zona. La Armada Boliviana y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) desarticularon un campamento dedicado a la minería ilegal en el sector Mandarinas, que está en el cerro San Simón y a orillas del río Iténez.
Durante la intervención, las autoridades identificaron a diez ciudadanos de nacionalidad brasileña que operaban en un campamento equipado con áreas de vivienda, cocina y almacenamiento de combustible, que era destinado al funcionamiento de maquinaria utilizada en la extracción de oro aluvial. Los extranjeros fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria para el inicio de los procedimientos correspondientes.
En el lugar se evidenciaron excavaciones, pozas de sedimentación, motobombas, mangueras y otras infraestructuras utilizadas para la explotación aurífera ilegal, lo que, según las autoridades, provocaba afectaciones al suelo, la cobertura forestal y al ecosistema del área.
Como parte del operativo, se procedió a la inutilización y destrucción de maquinaria y equipos utilizados en la actividad ilegal, en aplicación de los protocolos vigentes, según un reporte oficial de la AJAM enviado a este medio. Esta entidad añadió que continuará realizando acciones de control y fiscalización en coordinación con otras instituciones del Estado, especialmente en zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de frenar la minería ilegal y reducir su impacto ambiental.
Al respecto, el contralmirante Rocco Villazón, Inspector General de la Armada Boliviana, explicó a Mongabay Latam que el área intervenida es una zona de difícil acceso en medio de la selva y que ahí encontraron un campamento “muy parecido a una ciudadela”. Agregó que muchas personas lograron huir, pero que los diez brasileros apresados se entregaron de forma voluntaria.
“Se constató la presencia de excavaciones y una alteración al ecosistema, no solamente al monte sino también al río Iténez. Modificaron un arroyo, que ahora está muerto por la presencia de mercurio. Ahí había explotación minera ilegal a gran escala”, dijo Villazón.
Más campamentos ilegales y 600 personas operando
La autoridad militar agregó que se determinó que el campamento minero estuvo operando “entre tres a cuatro años” y que el ingreso en época de lluvia es “imposible”. Villazón dijo que existen “más de tres campamentos en la zona” y que alrededor de 600 personas operan en la minería ilegal en esta parte de Bolivia.
“Los brasileños nos dijeron que fueron contratados por bolivianos y estos contratos no son legales. Este es un primer ingreso a la zona y es necesario realizar más operativos en estos lugares. No podemos permitir más envenenamiento del río Iténez y volveremos a entrar a la zona, pero por estrategia no podemos decir cuando”, afirmó Villazón.
Desde la AJAM informaron que existen comuneros que también están explotando oro de manera ilegal en menor escala, pero que igualmente provocarían contaminación en el río Iténez. Además, esta entidad señaló que el día de la intervención el personal de la AJAM fue “emboscado” por comuneros y que los funcionarios fueron interrogados. “El impacto al medio ambiente es muy grave, el área afectada es de más de 150 hectáreas, donde se observa la erosión y la degradación del suelo. Ahí operaban verdaderas organizaciones criminales internacionales”, afirmó el director de la AJAM, Jaime Sanabria.
El funcionario detalló que esta investigación se realizó desde finales de 2025 a raíz de la denuncia de la muerte de un comunero en un pleito entre bandos por operar cuadrículas de explotación de oro. Además, aseguró que las organizaciones criminales habrían penetrado las dirigencias de las comunidades, a las que convencen para operar y les entregan dinero.
Sobre la situación de los diez brasileños detenidos se desconoce su situación procesal. La Fiscalía de Beni no abrió ningún proceso aún y según la AJAM luego de su detención se les tomó declaraciones para que aporten a la investigación.
Desde hace una década, autoridades del municipio de Baures denuncian irregularidades en la explotación minera y daño medioambiental en el cerro San Simón y sus alrededores. Además, desde la Gobernación de Beni se hizo un trabajo para evitar que siga la explotación ilegal de oro. Sin embargo, no hubo respuestas a nivel nacional.
Carola Vaca, que fue secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Beni, relató a este medio que, en junio de 2021, una comisión llegó al lugar con expertos que tomaron muestras de agua para determinar el grado de contaminación de los arroyos que bajan de la serranía. Luego se levantó información técnica para sustentar una denuncia ante la AJAM. Hasta que dejó el cargo, en 2022, Vaca no obtuvo novedades sobre el proceso.
“En esa época había unas 180 operaciones mineras ilegales en la zona y se comprobó que las aguas del río Iténez y sus arroyos estaban contaminados por el excesivo mercurio que se utilizó para sacar oro”, relató Vaca.
Paul Bruckner, entonces asambleísta departamental de Beni, aseguró que en 2015 realizó varias denuncias sobre la situación de la minería en el cerro San Simón. Ahora, retirado de la política, recordó una cumbre departamental en la que se acordó hacer una planificación para el desarrollo de la provincia Iténez con tres puntos estratégicos: uno de ellos era la serranía de San Simón.
“Tratamos de hablar con el entonces Gobierno central, pero nunca tuvimos respuesta. Era una cosa rara. Estuve en San Simón y me di cuenta de que todo era ilegal. Que la empresa venía sacando el oro hace años en aviones. Cuando fui estaba entrando con fuerza el manganeso y se hablaba ya de piedras preciosas. Era una riqueza increíble, pero la empresa dañaba el medio ambiente, el río Iténez. Hubo una queja de la comunidad de Versalles, porque los peces estaban contaminados”, relató Bruckner.
En ese lugar, existe una pequeña pista de aterrizaje para que las avionetas puedan operar. Mongabay Latam comprobó en el sistema de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que el “aeródromo San Simón” tiene la autorización de funcionamiento.
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