Tras 24 días de marcha, indígenas entrarán este lunes a la ciudad de La Paz exigiendo la anulación de la ley de conversión de la pequeña propiedad

La marcha de campesinos e indígenas del Beni ingresará este lunes a la ciudad de La Paz desde la tranca de Urujara, donde permanece desde el sábado. Los movilizados advirtieron que iniciarán protestas diarias si sus demandas no son atendidas por el Gobierno, entre ellas la anulación de la ley que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana.

Los indígenas marcharon durante 24 días junto a campesinos de Pando, quienes lograron un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz y retornaron a sus lugares de origen entre el jueves y viernes desde Caranavi, donde se desarrolló la reunión con la comitiva oficial encabezada por el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

Sin embargo, los marchistas del Beni no formaron parte del acuerdo y continuaron con la movilización, que llegó la tarde del sábado a Urujara, puerta de ingreso a la sede de Gobierno. Permanecerán este domingo en la zona para descansar e ingresar a la ciudad el lunes.

El dirigente Faifer Cuajera aseguró que continuarán con su protesta hasta lograr garantías de respeto a su derecho sobre la tierra. “No nos vamos a rendir y seguimos firmes en la causa”, aseguró y descartó que la movilización tenga fines políticos.

La columna está integrada por más de 100 personas. “Le estamos dando 24 horas al Gobierno nacional a partir del lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos; vamos a radicalizar nuestras medidas”, advirtió Cuajera.

Por su parte, la dirigente Vivian Palomeque consideró que el Ejecutivo no tiene interés en resolver el conflicto tras cuatro intentos fallidos de diálogo.

“Si no hay solución por parte del presidente Paz, nosotros vamos a continuar en la ciudad de La Paz; se radicalizarán todas las medidas”, afirmó Palomeque, quien anunció que intentarán llegar hasta la plaza Murillo —centro del poder político— acompañados por otros sectores.

La plaza Murillo habitualmente tiene un fuerte resguardo policial, cuando hay marchas para, justamente, evitar su ingresar a esta zona.

Los movilizados exigen la anulación de la ley de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana porque consideran que pone en riesgo su derecho propietario. Por el contrario, el Gobierno asegura que la conversión es voluntaria y respeta el derecho sobre la tierra, tal como lo ratificó en el Decreto Supremo 5613.