viernes 22 de mayo de 2026

Ministerio de la Presidencia

Defensoría no detectó actos de discriminación en el Viceministerio de Descolonización

El Gobierno afirmó que la suspensión de las contrataciones obedeció exclusivamente al cumplimiento obligatorio de restricciones presupuestarias y no a decisiones vinculadas con criterios de discriminación.
Captura de pantalla de la página en Facebook del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
Captura de pantalla de la página en Facebook del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
viernes 22 de mayo de 2026

El Ministerio de la Presidencia aseguró este viernes que una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo no encontró evidencia de actos de discriminación ni vulneración de derechos al interior del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, luego de que surgieran denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Según un pronunciamiento oficial, la investigación correspondiente al caso N.º DP/SSP/3842/2026 concluyó que “no se trata en ningún sentido de un acto de discriminación”, además de establecer que los hechos denunciados no pudieron ser comprobados durante las indagaciones defensoriales.

La cartera de Estado explicó que la controversia se originó en torno a procesos de incorporación de personal impulsados por el exdirector de Descolonización y Despatriarcalización, quien promovió la creación de aproximadamente 30 nuevos ítems dentro de esa dependencia.

De acuerdo con el comunicado, las solicitudes fueron remitidas a la Dirección General de Asuntos Administrativos para iniciar los procedimientos de contratación y, en algunos casos, las personas interesadas incluso avanzaron en etapas preliminares.

Sin embargo, el Ministerio sostuvo que dichos procesos quedaron paralizados tras la emisión, el pasado 2 de marzo de 2026, de las “Líneas Rectoras para las Modificaciones al PGE 2026”, normativa basada en las medidas de austeridad fiscal dispuestas por el Decreto Supremo N.º 5516 promulgado el 13 de enero de este año.

Esa disposición prohibió nuevas contrataciones de personal en el sector público, salvo en áreas consideradas estratégicas, como salud, magisterio fiscal, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Asimismo, instruyó programas de racionalización y optimización de personal en las entidades estatales.

El Gobierno afirmó que la suspensión de las contrataciones obedeció exclusivamente al cumplimiento obligatorio de esas restricciones presupuestarias y no a decisiones vinculadas con criterios de discriminación.

“En ese marco, corresponde reiterar que las afirmaciones difundidas públicamente sobre supuestos actos discriminatorios carecen de sustento en la investigación oficial realizada por la instancia competente. El Ministerio de la Presidencia reafirma. su compromiso con la lucha contra toda forma de racismo y discriminación, así como con el respeto irrestricto a los derechos de todas y todos los bolivianos”, señala un comunicado de esa cartera de Estado.