Lara intenta frenar la abrogación de la norma que regula la declaratoria de estados de excepción mediante un recurso de amparo

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, presentó hoy un recurso de amparo contra el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, 48 horas después de la aprobación de un proyecto que abroga la Ley 1341, que reglamenta la declaratoria de estados de excepción.

El Senado aprobó el pasado domingo 24 de mayo el proyecto de ley que abroga la norma, la cual entró en vigencia en octubre de 2020, cuando Eva Copa, senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ocupaba el cargo de presidenta de la Cámara Alta.

En esta jornada, la Cámara de Diputados debate el documento en medio del rechazo de sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, entre otros, que advirtieron que el Gobierno busca amedrentar a los sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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En estas circunstancias, se conoció que Lara presentó un recurso de acción de amparo constitucional contra Ávila, informó Unitel. Según el documento al que tuvo acceso ese medio, el segundo mandatario presentó el recurso legal a las 16.04 de este martes ante la Sala Constitucional Segunda en La Paz, contra el presidente del Senado.

La Vicepresidencia confirmó que el recurso fue presentado con el propósito de dejar sin efecto la abrogación de la Ley 1341.

Asimismo, se pronunció sobre la aprobación del proyecto de ley y manifestó su “preocupación e indignación”, advirtiendo que se busca eliminar normativas diseñadas para evitar que el Estado responda a conflictos sociales con el uso de armas letales.

Ávila destacó la aprobación del proyecto de ley que abroga la Ley 1341, con más de dos tercios de votos de los senadores, quienes sesionaron en la Casa de la Libertad en Sucre. El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su respectiva revisión y tratamiento.

“Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de pacificar al país, de lograr el entendimiento entre los bolivianos y que encontremos el camino del diálogo como el camino fundamental para que nos entendamos”, sostuvo.