¿Cuáles han sido los resultados del diálogo?

Después de casi un mes de bloqueos, cercos, violencia y pérdidas millonarias, corresponde formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué resultados concretos ha producido la estrategia del diálogo impulsada por el gobierno? La respuesta es tan evidente como preocupante: los resultados han sido catastróficos para Bolivia y beneficiosos para quienes impulsan los bloqueos. Mientras el país pierde millones de dólares, se paraliza la producción y se debilita la institucionalidad democrática, los sectores movilizados han comprobado que la presión, el cerco y el bloqueo continúan siendo mecanismos eficaces para imponer su voluntad al Estado. Lo que debía ser una estrategia de pacificación terminó fortaleciendo a quienes apuestan por la confrontación.

El conflicto comenzó con la exigencia de derogar la Ley 1720 de Conversión Voluntaria de Pequeña Propiedad a Mediana Propiedad. Sin embargo, desde el primer momento era evidente que la ley no era el verdadero problema. Detrás de esa demanda se ocultaba una agenda política obscura, cuyo objetivo final era la desestabilización del gobierno y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Frente a ello, el Ejecutivo apostó por una política de diálogo permanente, primero cedió con la abrogación de la ley y posteriormente abrió nuevas mesas de negociación para atender otras exigencias. Pero lejos de pacificar el conflicto, cada concesión fue interpretada como una señal de debilidad, los bloqueadores entendieron que mientras mayor fuera la presión, mayores serían las concesiones obtenidas.

El resultado está a la vista de todos, cuatro personas fallecidas por falta de auxilio oportuno, ciudades cercadas, carreteras destruidas, industrias paralizadas, turismo colapsado, desabastecimiento de combustibles, escasez de medicamentos y oxígeno, miles de transportistas varados, productores agropecuarios al borde de la quiebra y una economía que pierde millones de dólares cada día.

Pero el daño más grave no es solamente económico, el daño más grave es político e institucional, cada día que pasa sin una respuesta firme del Estado fortalece la percepción de que en Bolivia los bloqueos son más poderosos que las leyes, que las carreteras pueden cerrarse impunemente y que cualquier grupo organizado puede intentar doblegar a un gobierno democráticamente elegido.

Durante más de dos décadas el país fue sometido a un perverso sistema de negociación corporativa donde el Estado cogobernó con los grupos de presión, campesinos, cooperativistas, mineros, dirigentes sindicales, organizaciones afines al poder y diversos sectores corporativos aprendieron que la mejor manera de obtener beneficios era presionando al ejecutivo. Esa cultura política debe terminar.

Las elecciones del año pasado expresaron con claridad el rechazo ciudadano al modelo político instaurado por el MAS, la población no votó únicamente por un nuevo presidente; votó por un cambio de rumbo, votó contra el chantaje político, contra el capitalismo de Estado, contra el clientelismo, contra la corrupción y contra la captura de las instituciones públicas por grupos partidarios.

Si el gobierno repite permanentemente que Bolivia está por encima de cualquier interés sectorial o partidario, ha llegado el momento de demostrarlo con hechos y no con discursos.

Es hora de construir un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas democráticas que tienen representación parlamentaria para conformar un auténtico gobierno de unidad nacional capaz de enfrentar la crisis, es hora de restablecer plenamente el principio de autoridad y activar la declaración de un estado de excepción. Es hora de que la justicia actúe contra Evo Morales y contra cualquier persona que promueva, financie o dirija acciones destinadas a quebrantar el orden constitucional.

Es hora de debatir el retorno de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo mecanismos de coordinación con la DEA, es hora de impulsar una profunda reforma constitucional que modernice el Estado y elimine los incentivos que han favorecido la fragmentación institucional, es hora de privatizar las empresas estatales que son centros permanentes de corrupción, ineficiencia y despilfarro de recursos públicos. Es hora de llegar a acuerdos responsables con los organismos financieros internacionales para recuperar la confianza de los mercados y garantizar la estabilidad económica. Es hora de acabar con los interinatos que degradan la institucionalidad y proceder a la designación constitucional de las máximas autoridades del Estado, es hora de depurar la administración pública de operadores políticos cuya lealtad continua con el proyecto del MAS y no con el país.

La historia demuestra que ningún gobierno cae por ser firme en la defensa de la ley. Los gobiernos caen cuando confunden prudencia con debilidad, diálogo con capitulación y tolerancia con renuncia al ejercicio legítimo de la autoridad.

Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera permite actuar conforme a ideales; la segunda obliga a asumir las consecuencias de las decisiones. Hoy Bolivia no necesita gestos simbólicos ni nuevas mesas de diálogo destinadas al fracaso, necesita decisiones, necesita autoridad, necesita liderazgo.

Porque cuando el diálogo deja de ser un instrumento para alcanzar acuerdos y se convierte en un mecanismo para estimular la presión y la violencia, el diálogo ya no fortalece la democracia: la pone en peligro.