Un campo político desbordado

La compleja dinámica del campo político sugiere que la resolución de la crisis, que se mueve en una situación límite, no será producto de una sola fuerza sino de la tensión constante entre las partes y de los acercamientos que tengan la capacidad de generar acuerdos, entre todas.

Diversas y fragmentadas disputas en el campo político

Entendemos el campo político en las palabras de Pierre Bourdieu, como un espacio social o microcosmos relativamente autónomo en el interior del mundo social, que se caracteriza por sostener un espacio estructurado de posiciones entre opuestos, operando como un lugar de lucha entre agentes jerárquica y antagónicamente situados en ese espacio disputándose recursos y poder.

En el caso de la coyuntura actual que vive Bolivia, el microcosmos o espacio social relativamente autónomo viene a ser la situación crítica con participaciones diferenciadas entre diversos actores sociales que se disputan recursos y espacios de poder: El polo de los movimientos populares compuesto por movimientos sociales con reivindicaciones sectoriales y, actuando en paralelo, el movimiento político que persigue la renuncia del presidente. En el polo del otro extremo están el gobierno y sus aliados. Moviéndose en los bordes y en los enlaces de estos polos extremos están las ciudadanías, los mediadores, los actores internacionales y los medios y redes de comunicación. Marginalmente participan también actores que deberían cumplir un rol central, como son los partidos políticos y las autoridades locales y regionales.

En el polo constituido por los movimientos populares, los movimientos sociales o reivindicativos, en plural, están fragmentados en demandas que no se vinculan aunque se empatizan, poniendo en agenda legítimas reivindicaciones: campesinos e indígenas opuestos a la Ley de conversión de la pequeña en mediana propiedad; gremiales condenando el alza del costo de vida; obreros y maestros demandando por separado incrementos salariales; transportistas exigiendo mejorar la calidad de los combustibles; trabajadores de la salud clamando por condiciones laborales adecuadas; y cooperativistas mineros exigiendo concesiones, explosivos y condonación de deudas. Estas voces dispersas se encuentran en la calle, ese lugar que su memoria larga les señala que es el espacio donde se empoderan identitariamente, porque la historia les ha enseñado que sus logros no son concesiones sino conquistas a fuerza de movilizaciones, marchas y bloqueos de caminos.

El otro actor del polo de los movimientos populares, el movimiento político, tiene una sola finalidad: la renuncia del presidente. Participan la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), e intentando sumarse a ellos, la agrupación del ex presidente Evo Morales que envía un grupo de marchistas y bloqueadores a la sede de gobierno. Este movimiento, que no explicita un proyecto histórico que motive la adhesión ciudadana, podría estar germinando proyecto popular y acumulando fortalezas. Busca la renuncia del presidente porque en su percepción las políticas estatales ensayadas e imaginadas alimentaron su desconfianza, y porque estiman la posible reposición de un sistema (neoliberal) con parecidas medidas de ajuste a las que en décadas pasadas empobrecieron en grado máximo a los sectores populares. 

Las formas de lucha del movimiento político son de demostraciones de fuerza tanto en el cierre de carreteras como en la toma de las calles de las ciudades. El bloqueo de caminos se ha extendido y ha cambiado la cotidianeidad de las ciudades, pero han caído en excesos atípicos para los tradicionales movimientos populares bolivianos, como impedir el paso de ambulancias, alimentos, combustibles y oxígeno a los hospitales y la toma de pozos petroleros. Con esta conducta que desborda la disciplina sindical y afecta el derecho a la protesta erosionan su legitimidad y llevan a que se estigmatice a los movimientos populares. Se resisten al diálogo.

En el otro extremo del campo político está el polo gubernamental compuesto por el Poder Ejecutivo, que al inicio y en gran parte del proceso actúa en soledad, porque los otros poderes no se involucran, salvo en contadas acciones como la abrogación por la Asamblea Legislativa de la Ley 1341 que regulaba los estados de excepción imponiendo restricciones al Poder Ejecutivo. El gobierno desarrolla estrategias diferenciadas. Con los movimientos sociales desarrolla mesas de diálogo y con el movimiento político opta por resistirlo con acciones de defensa, aspirando provocar su derrota por cansancio. Toma iniciativas como la organización de corredores humanitarios con la presencia de la policía y las fuerzas armadas, pero sin generar consensos con los bloqueadores, como se requiere en este tipo de acciones que permiten la apertura temporal concertada de carreteras. También con estrategias de rodeo realiza eventos de diálogo con diversos sectores, pero que al no contar con la presencia de los actores en conflicto, no influyen en la resolución de la crisis.

La estrategia gubernamental, así como evidencia la opción por evitar el uso de la violencia represiva, la compensa con apresamientos y juzgamiento de los actores políticos, y no escatima en una diferenciación discursiva que estigmatiza a los movimientos como sediciosos, vándalos y financiados por el narcotráfico. Esta paradoja entre acciones que priorizan el diálogo y violencia simbólica en las narrativas, acaba dificultando los posibles acuerdos. El gobierno intenta matizar la estigmatización, lo que no le resulta fácil porque son juicios de opinión ya internalizados y porque la comunicación gubernamental es poco consistente.

En relación a los aliados, se produce una contradicción porque el gobierno no corresponde a la presión de los empresarios, comités cívicos, plataformas, partidos conservadores y alguna prensa, que a título de exigir garantías de trabajo, de seguridad y de vida, esperan que se decrete un estado de excepción. Como el gobierno prioriza la búsqueda de diálogo para la pacificación, la línea discursiva de estos sectores aliados deriva en una narrativa que lo juzga de inacción y de incapacidad, lo que lo aísla aún más en su propio entorno que, al no contar con estructura partidaria propia, es prestada de sectores empresariales y políticos conservadores para la composición del gabinete ministerial y para la definición de las políticas estatales.

Otro actor fundamental en el campo político son las ciudadanías, básicamente de la ciudad sede de gobierno, La Paz y su vecina El Alto, pero en un proceso expansivo a otras capitales departamentales, ciudades intermedias y poblaciones de diversas regiones. No pertenecen a ninguno de los polos antagónicos, son injustamente las depositarias de los efectos de las estrategias de fuerza de los movilizados, así como de la estrategia del cansancio sostenida por el gobierno. No se puede afirmar que sean víctimas, aunque lo sean, porque su actitud de resistencia inconforme es más bien heroica. A más de cuatro semanas del conflicto aflora su cansancio, su resistencia tiene un límite, sus expresiones discursivas y sus acciones se inclinan por cuestionar los bloqueos que les impiden movilizarse, conseguir alimentos, trabajar, generarse ingresos, caminar con seguridad y tener acceso a productos de su canasta familiar sin el encarecimiento desmedido del costo de vida. Como si no fuera ya suficiente, algunos municipios deciden no levantar la basura acumulada con el pretexto de la carencia de combustible, poniendo en riesgo la salud de las ciudadanías. Hay casos dramáticos, las familias pobres están golpeadas y los hospitales sin insumos médicos. Hasta el momento que escribo esta nota se han registrado 14 muertes como consecuencia de la situación crítica, estableciéndose una paradoja entre el propósito de evitar matar y la realidad indeseada de dejar morir.

Las ciudadanías empezaron a movilizarse con autoconvocatorias de plataformas y de ciudadanos abrumados por la crisis. Sus movilizaciones quieren ser pacíficas y claman por la paz, defienden la democracia, pero tampoco están exentas de actos cuestionables como la quema de la Wiphala, hecho condenado por el gobierno. Están impacientes, presionan al gobierno para que les garantice sus derechos, esperan soluciones. Anuncian medidas de desbloqueo por su cuenta, con el riesgo indeseado de confrontar ciudadanos contra ciudadanos, como ya está ocurriendo en algunas carreteras y calles de las ciudades.

Otro actor cada vez más importante: los mediadores, surgidos los últimos días, han iniciado acciones bien intencionadas pero con un problema: no están logrando la participación de los representantes del movimiento político. Estos condicionaron su presencia a la liberación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre sus máximos dirigentes. Se les concedió, pero no participan aduciendo que las bases no ven la conveniencia de negociar. Hay iniciativas de diálogo que no pueden limitarse a las mesas del díálogo, se debe apelar a otras estrategias que permitan intercambios discursivos y de experiencias. Por acuerdo de los partidos representados en la Asamblea Legislativa, la Vicepresidencia, que desde su posesión actuó en oposición al gobierno, promovió un diálogo que ahora está siendo coordinado por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, con gran expectativa y esperanza ciudadana. Los medios de comunicación juegan un importante rol de información y las redes sociodigitales son activas fuentes de desinformación.

Los últimos días los partidos políticos manifestaron con distintos matices enmarcar las acciones en la Constitución. Y algunas gobernaciones y alcaldías desarrollan acciones que tienden a aliviar la situación que viven las ciudadanías. Otro actor son los procesos que se generan en el entorno internacional. Hay distintas posiciones que dependen de sus grados de información, o desinformación, así como de sus institucionalidades. Diversos países y organismos se han expresando respaldando el orden democrático y velando por la paz. Países amigos han enviando ayudas humanitarias con alimentos para las familias más vulnerables. Miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Paz han donado sangre. En el entorno internacional ligado a movimientos de izquierda se tiene la idea que el movimiento político en Bolivia es el faro de recuperación de un progresismo continental. Y desde la otra vereda se afirma que es el ex presidente Evo Morales Ayma el gestor de la insurrección, con el propósito de recuperar privilegios perdidos, así como por la urgencia de proteger su integridad de los juicios en su contra. Se tienen que tomar con cuidado estas apreciaciones. Activistas de otros países están haciendo presencia en las movilizaciones y estrategas están operando como asesores en las movidas gubernamentales. Hacen falta más palabras como las del presidente Lula da Silva: “priorizar el diálogo como vía para superar las diferencias y preservar la paz social”.

En suma, la dinámica de las confrontaciones de los actores en conflicto ha conducido el campo político a desbordes que contienen una profunda polarización, con la paradoja que las acciones de fuerza del movimiento político no inciden en el polo gubernamental, y la estrategia de agotamiento que implementa el gobierno no detiene el movimiento político, los bloqueos siguen un proceso incremental en número y en violencia. Los afectados son las ciudadanías que cargan la crisis sobre sus espaldas.

Por un campo político inclusivo

Ni los diagnósticos y menos las soluciones pueden detenerse en las manifestaciones visibles que resultan de la demostración de fuerza del movimiento político en su confrontación con el gobierno, con efectos como la afectación al derecho de libre circulación, la carencia de productos básicos de la canasta familiar, el encarecimiento del costo de vida, la inseguridad, la carencia de medicamentos y de oxígeno en los hospitales, el derecho al trabajo para miles de cuentapropistas y, en suma, el deterioro de la calidad de vida de las ciudadanías. Ciertamente, resolver estos factores junto con el cumplimiento de las reivindicaciones sectoriales de los movimientos sociales es importante para superar la crisis, pero no lo es todo.

De manera complementaria es necesario establecer qué elementos caracterizan al entorno histórico. La realidad funciona más o menos como las matrioshkas rusas, donde detrás de su apariencia exterior, cuando se las abren, una figura contiene otra y ésta a su vez otra, y así sucesivamente, múltiples capas que se explican en su conjunto. Siguiendo esta figura, la crisis expresada en hechos coyunturales, contiene otros de mayor profundidad que la explican, y sin cuya consideración no sería posible abordarla adecuadamente, ni enfrentar los factores que la definen.

En un momento histórico de situación liminal que se define en el clivaje entre un proyecto de país que anuncia su llegada y otro que sigue latente, mirando más allá de las manifestaciones de la coyuntura, se encuentra que la exigencia de renuncia del presidente arropa la tensión entre la apropiación vigente de un modelo nacional-popular confrontado con el deseo expresado por instalar otro modelo, de corte liberal, que no se ha mostrado todavía en su diseño y que se deja entrever en acciones, declaraciones y decretos aislados.

Por el ambiente polarizado que vive el país, las interpretaciones sobre la crisis caen en facilismos conceptuales con radicalismos cada vez más extremos, y que alimentan la crisis ya no sólo en aspectos objetivos, sino también en el espacio de los imaginarios y las sensibilidades. Es en estas condiciones que, identificando nuevas capas del contexto, emergen problemáticas estructurales no resueltas, que muestran las heridas no cerradas del racismo, del regionalismo, del clasismo y de la pobreza.

En estas condiciones, la exigencia de renuncia del presidente viene a ser la síntesis de las sensibilidades que se producen en el (des)encuentro entre las manifestaciones coyunturales de la crisis y las latentes dislocaciones estructurales. El campo político está desbordado por una crisis cuya resolución impone el tratamiento de los factores coyunturales enlazados con los estructurales. Los primeros delimitarán la puerta de entrada a la resolución de la tensión mayor por la definición del país que necesitamos.

Se señalan posibles salidas de la crisis que podrían derivar en una crisis de mayor profundidad e intensidad. Una es la declaratoria del estado de excepción que conlleva el riesgo de la violencia porque en las condiciones de la polarización y movilización actual, podría ponerse al país en una situación de caos. Otra opción, indeseada, que podría darse si se sigue el ritmo actual de la crisis, es la derivación en enfrentamientos entre ciudadanos, lo que generaría relaciones irreconciliables. También es una opción planteada la renuncia del presidente, ya sea por la vía sugerida del anticipo de referéndum revocatorio, o por presión, o por propia iniciativa, lo que pondría al país en un escenario de nuevas elecciones con las prácticas de los taxi-partidos, la presencia de los rostros conocidos, la debilidad de propuestas y las ambiciones fuera de norma. Estos desbordes con nuevas expresiones de crisis, requerirían de otras aproximaciones a la realidad y de otras alternativas de solución a otro campo político con nuevo rostro coyuntural y viejos problemas estructurales irresueltos.

Existe otra opción, de otra naturaleza, que es la alternativa de la reconciliación, que en las condiciones actuales de la crisis pareciera ser la más lejana, al mismo tiempo que la más adecuada y urgente. Empieza por construir una voluntad de diálogo en el marco inclusivo y pluralista de un gran pacto nacional en distintos niveles: entre el gobierno y sin excepciones todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa; con los poderes locales y regionales dando vida a la descentralización; con los diferentes poderes del Estado guardando sus independencias; con la cooperación internacional siguiendo los principios de alineamiento y correspondencia; con los sectores sociales haciéndolos partícipes de su desarrollo y de las políticas estatales; y con las ciudadanías legitimándolas como la razón de ser de la democracia.

Este pacto nacional debería reflejarse tanto en la composición como en las políticas públicas del Estado, para atender la urgencia de las reivindicaciones de los movimientos sectoriales junto con los efectos manifiestos de la crisis que afectan derechos ciudadanos. La cohesión social, en estas condiciones, se convierte en un objetivo a la vez que en un camino que se alimenta procesualmente. La crisis coyuntural está destapando, y alimentando, una crisis estructural que el gran acuerdo nacional deberá atender con prioridades: la recuperación económica con superación de la pobreza, la descentralización del Estado, la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado, la apertura al mundo sin afiliaciones ideológicas y la reforma de la justicia. Por supuesto que estas prioridades tienen el complemento de otras políticas que conduzcan a establecer los horizontes y los caminos del país que necesitamos.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360