Del sueño 50/50, a la pesadilla 343/90, y a la dura realidad

Cuando un avión se prepara para despegar, la tripulación instruye que, “en caso de despresurización, colóquese primero la máscara de oxígeno y luego ayude a niños o personas mayores”. La lógica es sencilla: asegurar la capacidad de respirar de los adultos sanos, con lo que mejoran las posibilidades de que, niños y personas mayores que requieran de asistencia, la reciban oportunamente.

Bolivia, hoy, está en una situación de emergencia, y aplica la analogía de la mascada de oxígeno con ciertas diferencias. Primero, en el avión basta “jalar la máscara para tener oxígeno”, pero en Bolivia, después de 200 años de extractivismo –y con los últimos 20 de des-gobierno, ya no es, ni suficiente ni sostenible, estirar la mano para recibir créditos: debemos ser capaces de generar los recursos básicos necesarios para iniciar nuestro propio proceso de desarrollo sostenible. Segundo, por las limitaciones que enfrentamos, los recursos disponibles deben concentrarse en quienes tengan la mayor capacidad de transformarlos, en los menores plazos, en nueva riqueza para el conjunto de la sociedad. Y, tercero, en una crisis que afecta especialmente a los más pobres, direccionar recursos a cualquier fin, sin explicaciones claras sobre los objetivos y los beneficios esperados, es invitar a la resistencia social y a los conflictos que inviabilizarían todo el proceso de recuperación.

Ninguno de estos pasos sería posible –ni es visible, bajo el errado diagnóstico dominante al que se le atribuye la crisis: déficit → emisión → inflación. No existe evidencia empírica alguna, que respalde esa relación causal. Por el contrario, las evidencias disponibles señalan que el problema estructural de nuestra economía, es la baja productividad del cuentapropismo forzado –velado bajo el disfraz de “emprendedurismo”, que reduce los ingresos laborales a niveles de sobrevivencia. El efecto final, es encauzar el consumo hacia los bajos precios del contrabando, generando problemas adicionales en las balanzas comercial y de pagos. El (d)efecto no se corrige reduciendo el déficit para “equilibrar la macro”, despidiendo empleados, congelando salarios, fortaleciendo al sistema financiero... ni distribuyendo los ingresos fiscales bajo el 50/50.

El esquema 50/50 para distribuir el ingreso nacional entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) parece, en principio, iniciar el sueño de la democratización fiscal. Sin embargo, no mucho más del 20% de las ETAs, tienen capacidad de invertir esas transferencias en proyectos que, efectivamente, mejoren las condiciones de vida de sus poblaciones; en el resto, simplemente financiarían estructuras político-administrativas parasitarias. 

Ante estas duras realidades, el sueño de la democracia fiscal muta a la pesadilla que Franklin Pareja plantea: ¿cómo reconfigurar el universo de 343 municipios “autónomos”, a no más de los 90 con capacidad de atender a sus poblaciones? ¿Como eliminar ETAs inviables? ¿Quiénes cederían o no?

La única respuesta válida implica “patear el tablero” para empezar las autonomías desde cero. Como venimos insistiendo desde 2010, el tema autonómico fue abordado desde la perspectiva de intereses que no creían en las autonomías, más allá de asegurar su manejo (¿manoseo?) político. Reconducir el proceso implica revisar los fines y objetivos a fin de definir, desde las “condiciones habilitantes” y el financiamiento, hasta la racionalidad y la pertinencia de las asignaciones competenciales.

A título ilustrativo, veamos algunos temas relevantes para reconstruir autonomías viables.

La estructura y naturaleza de los impuestos vigentes, es incompatible con el desarrollo productivo, diversificado y acelerado, que Bolivia requiere. Es inescapable una reforma tributaria-fiscal: el nivel central de gobierno, como emisor monopólico de la moneda, no necesita recaudar para gastar; pero las ETAs necesariamente deben primero recaudar para poder gastar, lo que implica prestar atención al tipo de impuestos a aplicar. En la estructura actual, los impuestos son regresivos: se trasladan al precio final de los productos y reducen la capacidad de consumo de los hogares; los impuestos más compatibles con un sistema autonómico funcional, serían impuestos subnacionales a la propiedad, por servicios, y tarifas de uso, que fortalecen la autonomía sin castigar el consumo popular.

La institucionalidad base para reconstruir el modelo autonómico, serían las nueve Gobernaciones más las “regiones de desarrollo” –de dos o más municipios articulados mediante proyectos con alto potencial de generar, a corto plazo, valor agregado y empleo en sectores no extractivistas.

En estas regiones se concentrarían inicialmente los recursos de un Fondo de Desarrollo Autonómico (FDA), alimentado por recursos nacionales y de la cooperación internacional. El Fondo financiará proyectos con altos impactos económicos y sociales positivos, con mecanismos de reposición total o parcial a mediano y largo plazo. Estas regiones y sus proyectos serían los “adultos sanos y fuertes” a quienes se les entregarían las “máscaras de oxígeno” que los habilite para generar un alto valor agregado económico, necesario para fortalecer el FDA y alimentar los nuevos desarrollos regionales.

Como tema final, las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales han sido diseñados para maximizar influencia política, no para prestar servicios efectivos. Como clara prueba de ello, en 2012, el TCP declaró inconstitucional el Art. 92 de la Ley Marco de Autonomías referido a las competencias para el Desarrollo Productivo porque, en la redacción original, el nivel central se sobreponía a las competencias de las ETAs. Pero en los 15 años transcurridos desde entonces, ninguna autonomía se ha interesado por precisar y desarrollar las visiones de desarrollo productivo, que es la condición base más elemental para la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de una autonomía.

El enfoque alternativo de desarrollo productivo autónomo por regiones, exploraría modelos que hagan posibles consorcios supramunicipales para gestión compartida de ciertos servicios (energía, agua, transporte, disposición de desechos); “cadenas” de micro hidroeléctricas interconectadas a lo largo de cuencas compartidas; proyectos de infraestructura de riego para reducir costos y agregar valor; y políticas generales de incentivos, con la meta de articular proyectos para mayor eficiencia institucional: sin éstas, cualquier transferencia de recursos solo alimenta burocracias improductivas.

Finalmente, para acortar esta historia, si la prioridad es salir de la pobreza e incorporarnos al mundo del siglo XXI con dignidad propia, es por demás evidente que, el actual diseño autonómico es un fraude: insistir en “parchar” sus múltiples deficiencias nos llevará, inexorablemente, a perder mucho más (dinero, tiempo, esfuerzos y convivencia social), frente a la alternativa de plantearnos, primero, las metas y objetivos sociales compartidos de desarrollo, con las autonomías como uno de los medios preferentes para alcanzarlos, pero no como un fin particular, aislado en sí mismo.

Aunque es duro, es mejor estar despierto frente a los problemas, que preso en la pesadilla, sin fin, que se inicia cuando se intenta imaginar cómo sería vivir en el sueño del 50/50.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.