Los autos chutos y la familia Ingalls

Probablemente los dos argumentos más serios contra la legalización o nacionalización de los autos chutos sean los siguientes. 1. Es injusto perdonar o premiar a los que no cumplieron la ley y castigar a los que sí lo hicieron. Los que compraron o trajeron chutos cometieron una ilegalidad y una nacionalización perdonaría ese mal comportamiento. Les entregaría un beneficio que no se entrega a los que hicieron el esfuerzo de pagar los impuestos y cumplieron la normativa. 2. Cambiar la ley y retroceder en su aplicación por presiones de aquellos que no la cumplieron compromete la seguridad jurídica, crea privilegios y manda una muy mala señal hacia el futuro.

Ambos argumentos suenan bastante razonables y ortodoxamente correctos. En mi opinión, sin embargo, son insuficientes y miopes. Veamos el primero.

Discriminar la aplicación de la ley nunca será bueno. Si algo es obligatorio para unos, debe ser obligatorio para todos. Perdonar a los que no la cumplieron pareciera, por lo tanto, injusto. En el caso de los autos chutos, sin embargo, esta conclusión olvida que la legislación fue la que causó el primer acto de injusticia y discriminación. La legislación tiene un pecado original.

Una legislación que obliga a pagar entre el 50 y el 70% del valor del vehículo en impuestos y además solo permite importar vehículos nuevos (los vehículos livianos importados solo pueden tener un año de antigüedad y los pesados tres) es discriminatoria y atentatoria contra los derechos naturales de los ciudadanos. Toda legislación debería ser diseñada para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos, y esta, claramente, no lo hace. No somos Qatar o Abu Dhabi, ¿cómo se les ocurre a los políticos ordenar que la gente en Bolivia solo pueda importar autos nuevos y encima pagando un porcentaje tan majadero de impuestos? No tiene ningún sentido. Esta legislación es un abuso a los más pobres del país más pobre de la región.

La legislación ha condenado a millones de bolivianos (familias y empresas) a no comprar autos o a hacerlo de manera ilegal. Ha condenado a millones de bolivianos a la informalidad y al peligro de inmiscuirse en un mercado dominado por la mafia y el narco. Es un mercado riesgoso y turbio al que tienen que recurrir porque no tienen otra salida. Ha obligado además a mucha gente a comprar motos que son mucho más baratas y así incrementar significativamente las tasas de accidentes fatales. Esta legislación no protege, por lo tanto, ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad privada. Una nacionalización o legalización corregiría ese pecado original.

¿No castigaría eso a los que sí pudieron pagar los impuestos e importaron autos nuevos de manera formal? Sí, pero eso no debería ser muy complicado de corregir. Como argumento en mi anterior columna, se puede cobrar una fuerte multa a los chutos nacionalizados por una sola vez y repartir ese monto entre todos los que compraron autos nuevos en el mismo período. No sería una suma despreciable considerando que los autos chutos operando en el país serían entre 1 y 1.5 millones (un tercio del parque automotor) de acuerdo con la Cámara Automotor Boliviana. De hecho, esto haría que incluso ellos, los legales, empujen y favorezcan la nacionalización.

En suma, la legalización o nacionalización no premiaría a los ilegales, sino que corregiría el abuso que esta cometió originalmente. De acuerdo con la metodología que se use, compensaría, además, a los que compraron sus autos legalmente.

Veamos ahora el segundo argumento.

Una corrección legislativa retroactiva no tiene porqué generar inseguridad jurídica y sentar un mal precedente si se mueve en la dirección correcta: la protección de los derechos naturales de los individuos.

Una de las lecciones más importantes de la historia de Estados Unidos es que la legislación o el sistema de propiedad privada en ese país no emergió completo y “perfecto” como lo conocemos hoy, sino que se desarrolló desordenadamente y tuvo que adaptarse a las prácticas de colonos, mineros, granjeros y otros grupos que al principio vivían y generaban riqueza al margen de la ley. En los Estados Unidos la ley desarrolló un sistema “inclusivo” (en el lenguaje de Acemoglu y Robinson) porque tuvo que retroceder muchas veces e incluir arreglos propietarios externos a la formalidad. Como argumenta Hernando de Soto, América Latina está caminando, mucho más tarde, ese mismo proceso y tiene que entender que no puede imponer una legislación exclusivamente desde arriba hacia abajo. Tiene que aprender de los países que fortalecieron su capitalismo incorporando las prácticas que la gente desarrolla cuando cumplir la legislación es absurdo y costoso. La legislación no es un punto de partida sino de llegada.

Cuando son unos pocos los que violan la ley, la solución es su aplicación forzosa, pero cuando los que la violan son un numeroso grupo de gente productiva que no tiene como objetivo hacer el mal, sino que se rebelan contra leyes abusivas (recuerde aquí que los autos robados solo representan un 5% de todos los autos chutos que entran a Bolivia cada año), la mejor solución es la reforma de la ley.

Así paso en Estados Unidos donde los colonos que tomaban tierra de manera ilegal a medida que se movían de este a oeste, se organizaron en “claim clubs” o clubes de reclamo que producían records informales de las tierras, resolvían disputas y establecían reglas entre ellos. La famosa Familia Ingalls de la serie de televisión era una de esas familias colonas inicialmente al margen de la ley. La gran virtud del sistema legal del país del norte fue que comprendió que tenía que adaptarse a esas prácticas para rescatar toda esa actividad económica de la informalidad. Así surgió el Homestead Act de 1862 que les permitía a los colonos reclamar tierra pública, ocuparla, mejorarla y recibir un título de propiedad. Los colonos, entonces, dejaron de ser colonos, que sonaba mal, y se convirtieron en pioneros. Y así fue como la familia Ingalls se convirtió en un ejemplo de virtud pese a sus orígenes “chuteros.”

Este es el secreto mejor guardado del capitalismo: la valoración de activos no solamente por lo que son sino por lo que pueden desarrollar. Bolivia tiene enormes cantidades de capital sumergido que no se puede usar para desarrollar más riqueza porque no está formalmente registrado. Solo en el caso de autos chutos estamos hablando de por lo menos $10.000 millones, un 20% del PIB. Este cálculo sale de multiplicar el millón de autos chutos en el país por un valor conservador de $10.000 por unidad. Este es capital que podría ser usado como garantía para generar prestamos, conseguir un anticrético, crear herencias, usarlo como inversión en una sociedad empresarial, etc. Nada de eso se puede hacer porque el auto no existe desde un punto de vista legal. El país se niega a si mismo todo este potencial económico por insistir con una legislación absurda y abusiva.

Y claro, esto no acaba en los chutos, en Bolivia la informalidad incluye a negocios en ferias y mercados, construcciones sin permiso de las alcaldías, fábricas, empleo por doquier, negocios de comida, transporte, etc. En cada uno de esos rubros tenemos miles de millones de dólares sumergidos porque la legislación no se adapta y rescata toda esa propiedad privada de la informalidad. Solo con la nacionalización de los autos chutos Bolivia podría obtener en capital formal (que además se queda en manos de los ciudadanos y no va al gobierno) el doble de plata del mejor acuerdo al que podríamos lograr con el FMI.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360