BOA: una empresa pública rumbo al fracaso

El debate sobre las empresas públicas en Bolivia no nació en los últimos años ni responde solamente a una disputa política coyuntural. Es una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica del país: si el Estado debe asumir directamente la administración de sectores estratégicos o limitarse a establecer reglas para el funcionamiento del mercado. Desde el siglo XX, economistas e intelectuales han discutido esta tensión entre planificación estatal y competencia. El caso de Boliviana de Aviación (BOA) permite analizar qué ocurre cuando una empresa pública opera con una posición dominante y con incentivos débiles para mejorar su eficiencia.

El debate sobre las empresas públicas en Bolivia no nació en los últimos años ni responde solamente a una disputa política coyuntural. Es una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica del país: si el Estado debe asumir directamente la administración de sectores estratégicos o limitarse a establecer reglas para el funcionamiento del mercado. Desde el siglo XX, economistas e intelectuales han discutido esta tensión entre planificación estatal y competencia. El caso de Boliviana de Aviación (BOA) permite analizar qué ocurre cuando una empresa pública opera con una posición dominante y con incentivos débiles para mejorar su eficiencia.

La creación de Boliviana de Aviación en 2009 estuvo acompañada de una promesa clara: ofrecer un servicio aerocomercial de calidad, con seguridad, tarifas accesibles y una gestión transparente. Su ingreso al mercado significó la participación directa del Estado en un sector donde ya existían operadores privados. El argumento oficial fue mejorar la conectividad nacional y beneficiar a los usuarios. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre si esos objetivos fueron alcanzados y si los resultados obtenidos justifican el respaldo estatal que recibió la empresa.

Uno de los principales problemas de una aerolínea está relacionado con el cálculo real de sus costos. Una empresa de este tipo no puede medir su sostenibilidad únicamente por los ingresos que genera en el corto plazo. Debe considerar mantenimiento, operación, administración, depreciación de aeronaves y los recursos necesarios para renovar su flota. Cuando estos factores no son incorporados adecuadamente, los precios pueden parecer competitivos, aunque en realidad no cubran el verdadero costo económico del servicio.

Esta situación se vuelve más compleja cuando una empresa estatal puede recurrir al respaldo público para enfrentar sus dificultades financieras. Las tarifas bajas pueden beneficiar inicialmente al pasajero, pero queda una pregunta pendiente: ¿quién asume finalmente la diferencia entre el precio cobrado y el costo real del servicio? Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las obligaciones de la empresa, el costo termina trasladándose a la sociedad mediante recursos públicos que podrían destinarse a otras prioridades.

La presencia de una empresa respaldada por el Estado modifica las condiciones de competencia. Mientras las compañías privadas deben ajustar sus operaciones a sus ingresos y asumir directamente sus pérdidas, una empresa pública puede contar con apoyo estatal frente a sus problemas financieros. Esta situación reduce la presión para corregir errores, controlar gastos y mejorar su administración. Cuando un operador concentra gran parte del mercado con respaldo público, disminuyen los incentivos para elevar la calidad del servicio y responder con mayor rapidez a las demandas de los usuarios.

Los cuestionamientos sobre BOA no se limitan a sus costos o a su posición en el mercado. También alcanzan decisiones operativas y administrativas. Se han señalado rutas que no siempre responderían a criterios estrictamente económicos, sino a objetivos institucionales o políticos. Mantener operaciones poco rentables resulta menos complicado cuando las pérdidas no afectan directamente a quienes toman las decisiones, sino que terminan siendo absorbidas por el presupuesto público.

Otro elemento importante es la capacidad técnica de la administración. Una empresa aeronáutica requiere conocimiento especializado sobre seguridad, mantenimiento, planificación de rutas y gestión comercial. La designación de autoridades sin experiencia suficiente en el sector puede afectar la calidad de las decisiones y aumentar los costos operativos. Una empresa no mejora únicamente por tener una estructura estatal; necesita conocimiento, disciplina financiera y evaluación permanente de resultados.

Los indicadores financieros también generan interrogantes. Entre 2014 y 2023, BOA registró ingresos superiores a Bs. 18 mil millones, pero sus gastos fueron mayores, generando pérdidas acumuladas aproximadas de Bs. 545 millones. Estas cifras plantean una pregunta incómoda: si una empresa con una posición dominante en el mercado no logra generar resultados positivos, ¿cuál es la verdadera eficiencia de su modelo de administración?

Además, la calidad del servicio continúa siendo motivo de preocupación entre los usuarios. Los retrasos, reprogramaciones e incidentes operativos han afectado la percepción pública de la aerolínea. Entre 2021 y 2022 se reportaron 9.067 vuelos demorados de un total de 66.252 operaciones, situación que refleja la necesidad de revisar procesos internos, costos y capacidad de gestión.

El problema central no es únicamente la existencia de una empresa estatal, sino los incentivos bajo los cuales funciona. Cuando los administradores no arriesgan su patrimonio, cuando las pérdidas pueden ser cubiertas por el Estado y cuando los resultados se miden por crecimiento antes que, por rentabilidad, la presión para utilizar eficientemente los recursos disminuye.

El caso BOA deja una conclusión incómoda: una mayor presencia del Estado no garantiza, por sí sola, una mejor administración. Una empresa pública puede ampliar rutas, aumentar ingresos o crecer institucionalmente y, al mismo tiempo, acumular pérdidas y perder eficiencia. La verdadera medida del éxito no está en el tamaño de la organización, sino en su capacidad para brindar un servicio adecuado, administrar correctamente los recursos y responder ante los ciudadanos que finalmente financian sus operaciones.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360