¿Qué es esto del “riesgo país”?

Un colega al que aprecio y respeto mucho, me refregó los datos difundidos por el Ministerio de Economía acerca del descenso en “riesgo país” de Bolivia. Sobre todo, porque el indicador evaluaba el riesgo país de Bolivia en 407 puntos básicos, inferior a Argentina y Ecuador, dos economías que han estado en el centro del debate sobre dolarización. Me lo envió como un argumento en contra de esta opción, que hemos venido planteando junto a otros economistas. 

El argumento era forzado. Argentina no ha dolarizado, como ofreció el Presidente Milei, y más bien está promoviendo la competencia monetaria aunque con muchas restricciones para que ella sea completamente libre. Ecuador sí está dolarizado y su “riesgo país” es superior al nuestro de acuerdo a la información difundida. ¿Tiene eso algo que ver con el uso del dólar como moneda corriente en el país? El otro dato publicado en la misma nota dice que no: El Salvador también tiene una economía dolarizada y el riesgo país es 131 puntos menos que el boliviano. 

El riesgo país, en realidad, refleja un conjunto mucho más amplio de variables que el valor de la moneda en uso, y concentra su atención fundamentalmente en la capacidad y voluntad de pago que tiene el gobierno con respecto a los bonos soberanos que emite para obtener deuda de inversionistas internacionales. En otras palabras, califica la solvencia del Estado, no el desempeño de la economía real de un país. 

Los 407 puntos básicos medidos por JP Morgan representan el rendimiento que deberían esperar los compradores de bonos del Tesoro boliviano por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que sigue siendo el parámetro frente al cual nos medimos. Es decir, que si un bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos ofrece un interés del 4,6% anual, el de Bolivia a ese mismo plazo debería ofrecer al menos 8,607%. Estop es así porque los que compran los bonos perciben que el gobierno americano es mejor pagador que el boliviano. Y eso tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos de extraer sosteniblemente recursos de sus economías, la estabilidad y fortaleza de sus instituciones, y su disposición a cumplir sus obligaciones con el exterior.

Por lo tanto, el riesgo país mide la manera en que los inversionistas perciben el riesgo de prestarle recursos de libre disponibilidad al Estado. 

Lo que no mide ese indicador es el riesgo de invertir en la economía real de un país. Este riesgo depende de muchos otros factores y en algunos casos podría incluso ir a contrapelo del riesgo soberano. Por ejemplo, un país con cargas impositivas muy elevadas puede tener un Estado muy solvente y pagar puntualmente sus deudas, pero generando un entorno desfavorable para la inversión. 

Aquí es donde la cuestión de la dolarización se hace compleja. 

Podría suponerse que en una economía dolarizada el Estado, que cobra impuestos y servicios en dólares, podría disponer más fácilmente de esa moneda para cubrir sus obligaciones. Pero esto no depende de cuán abundante o fácil de obtener sea una moneda en la economía, sino de cuánto le queda al gobierno después de cumplir sus obligaciones con proveedores, servidores públicos y acreedores. O sea, depende de que tenga o pueda tener superávit. 

En una economía no dolarizada el Estado tiene que adquirir dólares en el mercado, o captarlos presionando a los exportadores. Si es un Estado serio que respeta la propiedad de sus ciudadanos, lo hará buscando también tener el superávit necesario que le permita pagar las deudas que adquiera. Pero en esa economía el Estado tiene un arma secreta que de hecho utiliza con frecuencia: la emisión monetaria. Puede emitir billetes propios para comprar los dólares que necesita para pagar su deuda afuera. Esto presiona sobre el mercado, aumenta el precio del dólar y también el precio de otros productos, generando inflación. Así, la inflación resulta siendo un sustituto perverso de los impuestos, que extrae valor de la economía real para respaldar la solvencia del Estado. La tentación de utilizar este mecanismo, que al mismo tiempo le permite al Estado bajar el costo de sus deudas internas, contraídas en moneda local que se desvaloriza, es muy grande y difícil de eludir. La dolarización le pondría un freno a ese procedimiento, que es arbitrario y ruin con las personas. 

En síntesis, la dolarización es una opción que afecta de manera desigual al Estado y a la población. Reduce fuertemente la discrecionalidad del Estado y le obliga a tener un comportamiento más riguroso y prudente. Por el otro lado, protege los ahorros de la gente y le permite calcular sus actividades y su futuro con mayor tranquilidad. 

Quienes promovemos la dolarización pensamos más en la economía de la gente que invierte, ahorra y trabaja, que en la economía del Estado. El “riesgo país” medido por JP Morgan debería importarnos menos que el riesgo inflación o pobreza medido por los bolsillos de los campesinos, transportistas o maestros. 

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.