Exministro Espinoza espera que la Justicia anule su censura en el Legislativo, senador ve un conflicto de intereses

El destituido ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, no se resignó y llevó su censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional a una Sala Constitucional de El Alto para que determine si se ajustó a la Constitución Política del Estado y, eventualmente, sea anulada.

La tarde de este lunes se llevará a cabo la audiencia en la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que es presidida —según el senador Leonardo Roca— por el padre de una funcionaria del Banco Central de Bolivia (BCB), institución que depende del Ministerio de Economía, lo que fue interpretado como un posible conflicto de intereses.

Espinoza no acudió a la sesión de interpelación del miércoles 18, aduciendo que debía cumplir funciones de Estado en Santa Cruz. Su ausencia generó protestas en el Legislativo, que acabó rechazando su justificativo y censurándolo con 91 de los 129 votos de los presentes.

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Poco después de conocerse la censura, que implica su destitución, el propio exministro anunció que llevaría el caso a la justicia. El Gobierno de Rodrigo Paz lo respaldó y argumentó que la censura, de acuerdo con la Constitución, requiere el voto de la mayoría de los legisladores totales, no solo de los presentes.

“El artículo 158 de la Constitución establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la ALP. Entiendo que hoy se han logrado dos tercios de los legisladores presentes; habrá que ver cuál es la interpretación constitucional. Insisto, me apegaré a la Constitución y consultaremos al TCP si la decisión que ha tomado la Asamblea es constitucional o no”, afirmó Espinoza ese 18 de agosto.

Tres días después, el gabinete de Paz aprobó el decreto que dejó sin efecto la designación de Espinoza, ocurrida el 9 de noviembre de 2025, y designó interinamente en el cargo al ministro de Desarrollo Rural, Óscar Mario Justiniano, a la espera de la decisión constitucional.

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"Corresponde disponer la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas censurado, sin perjuicio de las determinaciones que, en el marco de sus competencias, pudiera adoptar la jurisdicción constitucional respecto de la resolución de censura; y, a efectos de garantizar la continuidad del servicio público y el normal funcionamiento de dicha cartera de Estado, designar una autoridad interina", establece precisamente el decreto.

Roca incorporó un nuevo elemento en este tema al revelar un supuesto parentesco entre el juez de la Sala Constitucional y una funcionaria del BCB, además de cuestionar el motivo por el cual se llevó la demanda a El Alto.

“Tenemos que preguntarnos si existe un conflicto de interés cuando la hija del vocal que admitió el amparo trabaja justamente en una institución dependiente del Ministerio de Economía que encabezaba Espinoza”, denunció Roca el viernes, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha salido a responder.

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La audiencia está fijada para las 16:00 y los demandados son los legisladores. Varios parlamentarios de oposición, entre ellos Lissa Claros, consideraron que Espinoza no puede ser restituido, recordando que también está involucrado en una denuncia por un documento de compraventa de un vehículo con un precio inferior al real.

Espinoza dijo que se trató de un error del tramitador y que el costo del vehículo que compró fue de 350.000 bolivianos y no de solo 50.000. El vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia contra el exministro.