Gobierno sube a Bs 6.000 millones el presupuesto para combustible, agiliza trámites de importación y fortalece la lucha anticorrupción

El presupuesto para la importación de combustible se elevó a Bs 6.000 millones, se agilizaron los trámites de importación y se otorgó más poder de acción al viceministro de Transparencia, Yamil García, en el marco de las nuevas medidas asumidas para mejorar la gestión a más de 10 meses del gobierno de Rodrigo Paz.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, explicó que estas disposiciones están contempladas en decretos aprobados la noche del lunes, a los que se suman el que extiende a 90 días el estado de excepción y el que reduce a 0% los aranceles de importación y el IVA para bienes destinados a la producción agropecuaria, entre ellos la maquinaria.

Las normas relacionadas con hidrocarburos, producción y paz social se aprobaron como parte de un paquete para fortalecer y generar las condiciones necesarias para la producción. “Las medidas apuntan, justamente, a hacer lo que se debe hacer: poner a Bolivia a producir”, aseguró en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

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Una de las medidas aprobadas mediante decreto eleva de Bs 2.000 millones a Bs 6.000 millones el presupuesto destinado por el Gobierno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que garantice la importación de combustible y la provisión al mercado interno. El incremento responde a las fluctuaciones al alza del crudo debido a los conflictos bélicos.

“Sin combustible no podemos seguir adelante y, por lo tanto, este decreto supremo eleva el margen de financiamiento disponible para que Yacimientos pueda garantizar la provisión. No va a faltar combustible. Vamos a proveer, pero tenemos que poner sobre la mesa la necesidad de conversar realistamente en cuanto a si queremos mantener esta subvención”, observó.

Paralelamente, se modificó el reglamento de la Ley General de Aduanas para facilitar la importación de gasolina, diésel y crudo —así como la posibilidad de su exportación—, mediante el acortamiento y la eliminación de trabas logísticas y administrativas.

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Actualmente se mantiene la subvención, y la intervención a YPFB y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) destapó toda una estructura de corrupción que desviaba el combustible al contrabando y al mercado negro. El viceministro de Transparencia, Yamil García, participa directamente en la intervención y en la detección de hallazgos de corrupción.

Otro de los decretos fortalece el trabajo de García al otorgarle más atribuciones y, sobre todo, permitirle prevenir la corrupción en lugar de enfocarse únicamente en la denuncia. Ahora intervendrá en la investigación de fortunas, la supervisión de las unidades de transparencia y la capacidad de ejecutar acciones inmediatas en entidades y empresas con participación estatal.

“Buscamos pasar de un sistema que fundamentalmente recibe denuncias y actúa después de lo ocurrido, después del daño, a uno que también previene, detecta riesgos, utiliza información y tecnología, persigue la recuperación de activos y coordina con la totalidad del Estado. En síntesis, la corrupción deja de ser un asunto de denuncias para pasar a ser una política de Estado”, aseguró sobre esta medida que robustece la lucha contra la corrupción.

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En paralelo, se generaron las condiciones e incentivos para el sector productivo. Gálvez explicó que la ampliación del estado de excepción, que ahora se encuentra en manos del Legislativo, tiene la finalidad de asegurar la paz social para que la actividad económica se desarrolle sin ningún tipo de obstáculos, como eventuales bloqueos de caminos.

Otro de los decretos libera del pago de aranceles de importación y del IVA a los bienes destinados a la producción, lo cual comprende insumos, semillas, genética, drones, accesorios, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales, entre otros, destinados a los sectores agropecuario, industrial, de la construcción, transporte y minería.

Gálvez aseguró que el sentido de este paquete de decretos es incentivar y fortalecer la producción nacional como parte de las acciones para enfrentar la crisis.