D.S. 5706 amplía atribuciones del Viceministerio de Transparencia en la lucha contra la corrupción, recuperación de recursos y reforma de la justicia

El nuevo Decreto 5796 amplía significativamente las atribuciones del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, otorgándole control directo sobre la designación de jefes de transparencia, la fiscalización digital en tiempo real de los recursos públicos, la gestión integral del sistema de justicia, la recuperación de recursos económicos estatales y el impulso a la reforma judicial.

El viceministro, Yamil García, informó que el nuevo decreto, aprobado por el gabinete de ministros, muestra una decisión institucional que tiene como finalidad jerarquizar la lucha contra la corrupción, que robó a los bolivianos no solamente recursos económicos, sino también la esperanza de mejores días.

Explicó que el Decreto 5706 plantea una “forma de administrar la cosa pública”, después de que durante años se impuso la impunidad de funcionarios que provocaron pérdidas de recursos económicos al Estado.

Anunció que, a partir de la vigencia del nuevo decreto supremo, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca marcar “una nueva etapa, un hito decisivo en nuestra política institucional que tiene un mandato expreso: no nos vamos a dejar vencer con estructuras corruptas, sin embargo, esta decisión, no solamente es una frase o un verso, sino que viene acompañado de decisiones institucionales claras y concretas”, afirmó.

García mencionó que, entre las decisiones, se establece con absoluta claridad que para el Gobierno nacional “es prioridad absoluta la lucha contra la corrupción, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a empoderar y jerarquizar esta lucha”.

En segundo lugar, recordó que, en el pasado, como consecuencia de normas que provenían de otra gestión institucional, las unidades de transparencia eran simplemente designadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), por lo que respondían de forma directa a la confianza de su MAE.

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“A partir de ahora, va a ser el representante gubernamental a través del viceministerio, quien proponga a todas las MAE, quienes van a ser los jefes de las unidades de transparencia; de tal manera que a partir de ahora vamos a tener ojos y fiscalización absolutamente en todas las entidades”, informó.

Explicó que esa decisión fue asumida frente a hechos inobjetables, entre ellos, mencionó la instrucción del Ministerio de Obras Públicas para destinar Bs 500 millones en la construcción de la sede del Parlamento de Unasur, cuando esa entidad ya no existía, en la gestión del expresidente Evo Morales, entre 2014 y 2018.

Como otro ejemplo, mencionó el silencio de las unidades de transparencia cuando se disponían millones de recursos económicos en gastos suntuosos, como, por ejemplo, el de la Casa Ejecutiva de YPFB, en Las Palmas, en la ciudad de Santa Cruz, ejecutada entre 2014 y 2015.

García cuestionó qué hicieron las unidades de transparencia cuando los aviones de Boliviana de Aviación (BoA) iban a La Habana, Cuba, con asientos vacíos. Dónde estaban las unidades de transparencia cuando los aviones de BoA iban a La Habana con asientos prácticamente vacíos.

“Es por eso que ahora esas unidades de transparencia van a depender de manera directa de las políticas que, desde esta representación”, afirmó.

La autoridad sostuvo que, en el pasado, estas unidades de transparencia esperaban a que llegaran las denuncias a sus escritorios y se pedía al denunciante sus datos personales y una investigación completa sobre el hecho que era denunciado.

“A partir del DS 5706 se nos faculta a realizar acciones inmediatas, no vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio del despacho, donde se genera la noticia de posible corrupción vamos a ir y vamos a pedir la información y la documentación de forma directa”, advirtió.

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No solamente vamos a atacar los casos concretos, sino que también vamos a proponer políticas estructurales, debido a que, en muchos casos, “la corrupción se favorece de la mala o buena voluntad de los funcionarios públicos”.

Otra de las atribuciones de ese viceministerio es que, a partir de ahora, va a proponer sistemas digitales y trazables para que todos los ciudadanos puedan verificar en tiempo real cómo se administran los recursos de todos los bolivianos, informó.

“Por otra parte, esta institución también va a gestionar una coordinación financiera con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), vamos a generar el rastreo patrimonial de todos quienes tienen denuncias de corrupción”, manifestó.

García afirmó que se hará cargo de la gestión con todo el sistema de justicia y se buscará cooperación internacional y asistencia técnica para que “nunca más el sistema de justicia sea maltratado, como ha ocurrido en los gobiernos de los últimos años”.

También dijo que se les incorporó otra facultad específica, que tiene que ver con la recuperación de activos, porque no solo basta con identificar el hecho y procesar a los responsables de hechos de corrupción, sino que esos recursos económicos vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos. “Todos los que han causado agravio a la economía nacional, ahora van a ser investigados, también en su patrimonio”, anunció.

Finalmente, vamos a indicar que esta nueva instancia del Gobierno va a tener una estructura de apoyo a la reforma judicial, con la posibilidad de que se pueda gestionar este proceso de reforma constructiva y participativa.

García sostuvo que se pretende desarrollar un nuevo concepto, el de la integridad pública en los servidores, que significa hacer lo correcto cuando nadie fiscalice; hacer lo correcto, aunque “nadie me vea”, y que con ese propósito se generará un reconocimiento institucional a los que destaquen por su integridad.